En medio del caos, una figura clave emerge: Alejandro, un mexicano de 55 años, trabaja incansablemente en Pasadena y Altadena, limpiando escombros y despejando el camino para la reconstrucción. Sin embargo, su labor, como la de miles de otros migrantes en situación irregular, pende de un hilo. La inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su promesa de deportaciones masivas siembra incertidumbre sobre su futuro, y el de muchos otros.
“El país se va a ver en crisis,” afirma Alejandro, con la voz cargada de preocupación, mientras describe la inmensa necesidad de mano de obra para la reconstrucción de miles de casas afectadas.
Esta situación no es exclusiva de Los Ángeles. A lo largo del país, migrantes latinos, muchos de ellos sin permiso para residir en Estados Unidos, forman el grueso de la fuerza laboral encargada de la recuperación tras desastres naturales. Desde electricistas y fontaneros hasta carpinteros y albañiles, estos trabajadores altamente cualificados recorren el país, respondiendo a la demanda en zonas devastadas por tormentas, inundaciones e incendios. El aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos, atribuidos al cambio climático, intensifica aún más esta problemática.
En 2023, Estados Unidos registró un récord de 28 desastres naturales con pérdidas superiores a los 1,000 millones de dólares cada uno, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Las estimaciones preliminares para los daños causados por los incendios en Los Ángeles oscilan entre 250,000 y 275,000 millones de dólares. Una cifra que refleja la magnitud del reto y la crucial contribución de esta fuerza laboral, muchas veces invisibilizada.
Mario Mendoza, un hondureño de 54 años sin estatus legal, es un ejemplo elocuente. Desde el huracán Katrina en 2005, ha trabajado incansablemente en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres en Luisiana y otros estados, exponiéndose a riesgos laborales significativos y a situaciones de explotación laboral. “En realidad hemos sido como la línea de apoyo a las ciudades después de los desastres,” comenta Mendoza, resumiendo la silenciosa pero fundamental contribución de estos trabajadores.
La demanda laboral en la industria de la reconstrucción es sustancial. Se estima que alrededor de 8.3 millones de trabajadores estadounidenses en 2022 eran inmigrantes no autorizados, según el Pew Research Center. Un informe del Center for American Progress revela que casi 1.6 millones de migrantes que trabajaron en la construcción en 2021 se encontraban en situación irregular.
Sin embargo, la vulnerabilidad de estos trabajadores a la explotación y el robo de salarios es una realidad alarmante. El temor a la deportación, exacerbado por el discurso antiinmigrante, los deja expuestos a condiciones laborales precarias y les impide exigir sus derechos. La escasez de vivienda en Estados Unidos añade otra capa de complejidad a la situación, planteando interrogantes sobre el impacto de una potencial reducción drástica de la fuerza laboral en la capacidad del país para abordar esta problemática.
Expertos en la industria de la construcción, como Stan Marek, director ejecutivo de Marek Brothers, advierten sobre las graves consecuencias de las deportaciones masivas, no solo en la recuperación de desastres, sino también en proyectos en curso y futuros. La experiencia en Florida tras el huracán Idalia ilustra este escenario, donde la estricta legislación migratoria llevó a muchos trabajadores a abandonar sus labores por temor a la deportación. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién reconstruirá Estados Unidos si estos trabajadores desaparecen?