El foco se centra en la Ley Laken Riley, una iniciativa que busca endurecer las políticas de inmigración. Esta ley, ya aprobada en la Cámara de Representantes, propone la detención y deportación de individuos sin estatus legal con antecedentes penales específicos, incluyendo robo y hurto. Su aprobación final en el Senado pende de un hilo, y la incertidumbre es palpable.
Pero el detalle que muchos medios pasan por alto es el exorbitante costo que implicaría su implementación. Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), filtrado a NPR y confirmado por fuentes internas, revela cifras sorprendentes. Según el documento, se necesitarían $26,900 millones de dólares únicamente para el primer año.
“Sería imposible para el ICE ejecutarlo con los recursos existentes,” señala el memorando, dejando en evidencia la inviabilidad de la ley en su forma actual. Este monto, considerablemente superior a las estimaciones previas (alrededor de $3,200 millones), se justifica por la necesidad de una expansión masiva de la infraestructura de detención. El ICE calcula la necesidad de 110,000 camas adicionales en centros de detención, más de 10,000 agentes y 7,000 abogados y personal de apoyo.
La falta de asignación presupuestaria para cubrir estos costos genera una enorme interrogante: ¿Cómo se financiará la implementación de la Ley Laken Riley si se aprueba sin el presupuesto necesario? La situación pone de manifiesto la brecha entre la retórica política y la realidad práctica de la gestión migratoria.
Mientras tanto, el debate en el Senado continúa. Senadores de ambos partidos trabajan en enmiendas, tratando de encontrar un equilibrio entre las posturas políticas y las implicaciones financieras que esta ley representa para el gobierno estadounidense.
La participación de corporaciones privadas en la administración de centros de detención también ha vuelto a tomar relevancia ante la posibilidad de que la ley sea aprobada, abriendo nuevas oportunidades comerciales en un sector tan delicado.