Trump prepara reformas migratorias drásticas desde su primer día de mandato
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Nicol Matuz ScottEl presidente electo, Donald Trump, planea una ofensiva en varios frentes, utilizando una serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas de la administración anterior. Figuras clave como Tom Homan, el próximo zar fronterizo, y Stephen Miller, el director adjunto de gabinete para asuntos de política, están impulsando un cambio radical. Según siete fuentes anónimas familiarizadas con la planificación, el mensaje principal es claro: la frontera está cerrada a los cruces ilegales y quienes se encuentren en el país sin autorización, especialmente aquellos con antecedentes penales, no están a salvo de la deportación.
El Representante Darrell Issa (R-Calif.) señaló que algunas de las promesas más ambiciosas de Trump requerirán la aprobación del Congreso. “No he visto nada dramáticamente nuevo,” comentó, refiriéndose a las acciones ejecutivas que se asemejan a las implementadas durante el primer mandato de Trump y posteriormente desmanteladas.
Entre las acciones previstas, se encuentra la reactivación de políticas como "Permanecer en México" (requerir que los solicitantes de asilo esperen en México el procesamiento de sus casos) y la posibilidad de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Se espera, además, el fin del programa de "captura y liberación" y la expansión de la deportación acelerada ("expedited removal"). La administración Trump no planea, al menos en las primeras semanas, reinstalar el Título 42 (que permitía la expulsión inmediata de migrantes por razones de salud pública), aunque sí se esperan medidas más restrictivas que las del decreto de Biden del pasado junio.
Un punto crucial es la intención de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento ("birthright citizenship") para los hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes a corto plazo. Sin embargo, se anticipa resistencia legal y la implementación podría retrasarse dada la complejidad jurídica del tema. “La cuestión para nosotros es, ¿qué es constitucional y qué es inconstitucional?”, se pregunta Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center.
Las consecuencias financieras no se pueden obviar. Kerri Talbot, co-directora ejecutiva de Immigration Hub, estima que las deportaciones masivas serían increíblemente costosas. Se necesitarán recursos significativos para localizar, detener y deportar a millones de inmigrantes, un desafío que recaerá, en gran medida, sobre el Congreso. A esto se suma la posibilidad de un nuevo veto de viaje, similar al que se implementó en su primer mandato, y la presión de grupos conservadores que abogan por una moratoria total a la inmigración.
Aun con la planeación de medidas enérgicas, la administración anticipa desafíos legales y logísticos, entre ellos la necesidad de incrementar la capacidad de detención y la entrenamiento de nuevos oficiales. La implementación de la promesa de deportaciones masivas, se espera, será gradual, a diferencia de lo planteado durante la campaña. La presión recaerá en el Congreso para la asignación de los recursos necesarios, y las tensiones dentro del partido Republicano serán una variable importante en el desarrollo de esta nueva agenda.
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