El anuncio del martes pasado, donde se revoca la política de décadas que protegía de arrestos a "lugares sensibles" como escuelas, iglesias y hospitales, ha generado una ola de preocupación entre la comunidad migrante. El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, que justifica la medida alegando que “Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto,” ha exacerbado los miedos.
Carmen, una inmigrante mexicana residente en el área de la Bahía de San Francisco, expresa su preocupación: “¡Ay, dios santo! ¿Por qué quieren hacer eso?”. Su temor, compartido por muchos, es el de no poder enviar a sus nietos a la escuela sin el riesgo de que sean afectados por las acciones migratorias. Ella, al igual que otras familias, espera información y garantías de las autoridades escolares para poder tomar una decisión informada sobre el regreso a clases de sus pequeños. Este caso ilustra la situación de miles de familias que se encuentran en una situación vulnerable.
El impacto se extiende a lo largo del país. En Washington D.C., Daniela Anello, directora de la Escuela Pública Bilingüe D.C., califica el anuncio como “horrible” y “ridículo”, destacando la imposibilidad práctica de las redadas en esos lugares. Se estima que alrededor de 733.000 niños en edad escolar se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria, una cifra que representa solo una parte del problema, ya que muchos otros niños, aunque ciudadanos, tienen padres indocumentados.
Mientras algunas escuelas, como las de California, han ofrecido garantías y orientación a sus familias en base a la legislación estatal, otras, como en Georgia, enfrentan la situación con incertidumbre. La Academia Charter Fugees de Atlanta, por ejemplo, ha observado el temor incluso entre estudiantes y familias con estatus legal, llegando a modificar su calendario escolar para evitar la pérdida de evaluaciones importantes por la posible baja asistencia. Esta situación refleja el clima de tensión que ha generado la nueva política.
La perspectiva de Iris González en Boston es distinta. Tras casi una década con sus hijas en las escuelas locales, confía en que la institución educativa les brindará un espacio seguro, priorizando la educación de sus hijas. Sin embargo, ella reconoce el miedo que siente al salir a la calle por la posibilidad de enfrentamientos con las autoridades. Su testimonio, al igual que el de Carmen, muestra cómo esta situación afecta a varios niveles la vida de familias migrantes. La incertidumbre sobre el futuro inmediato, la precariedad de sus situaciones, y el temor a la deportación son factores que impactan profundamente en sus vidas cotidianas.
La administración Trump, con la eliminación de la aplicación CBP One y la promesa de “terminar con el asilo”, ha intensificado aún más esta sensación de vulnerabilidad. Para muchas familias, la escuela se ha convertido en uno de los pocos espacios seguros que les quedan, pero la incertidumbre y el miedo siguen presentes.