Pero en las últimas horas, la situación ha tomado un giro inesperado. El uso de aviones militares estadounidenses para la deportación de inmigrantes ha generado un debate a nivel nacional. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió imágenes de migrantes esposados abordando aeronaves militares, confirmando el inicio de estas operaciones. “Los vuelos de deportación han comenzado,” escribió en sus redes sociales.
Si bien es común el uso de esposas en vuelos de deportación, la utilización de aviones militares como el C-17 y C-130, cuatro en total según reportes, destaca como una medida significativa. Estos aviones, desplegados en San Diego y El Paso, han realizado sus primeros vuelos con destino a Guatemala, repatriando entre 75 y 80 guatemaltecos, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional. Los primeros vuelos salieron del Biggs Army Air Field el jueves por la noche.
Estas acciones se enmarcan dentro de las promesas de campaña del Presidente Trump, quien desde su postulación a la reelección, ha prometido endurecer las políticas migratorias. El lunes pasado firmó una serie de decretos que otorgan mayor poder a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar detenciones, ampliar la deportación acelerada y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento; una medida que ha generado controversia y enfrentamientos legales.
Las medidas implementadas van más allá de la deportación aérea. Se reportan cancelaciones de vuelos de refugiados, el despliegue de miles de soldados en la frontera, autorización para arrestos en escuelas e iglesias y una mayor agilidad en las deportaciones sin audiencias judiciales. A nivel interno, el Departamento de Justicia ha intensificado sus acciones, incluyendo despidos de personal clave y amenazas de procesos legales a funcionarios locales que se resistan a las nuevas políticas.
El impacto de estas medidas abarca diferentes sectores, desde la logística de transporte hasta las implicaciones legales y sociales, generando una ola de debates en torno a la política migratoria del país.