Demandan a Trump en Nueva York por negar ciudadanía a hijos de indocumentados

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El panorama legal en Estados Unidos está en ebullición; un nuevo frente se ha abierto en la batalla por los derechos de los inmigrantes, con implicaciones que trascienden las fronteras y generan un debate álgido en la opinión pública

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Nicol Matuz Scott el 13/02/2025 04:19 PM.
En Internacional y editada el 13/02/2025 04:27 PM.

En el corazón de esta controversia se encuentra una orden ejecutiva, firmada el 21 de enero, que busca modificar la concesión de la ciudadanía americana por nacimiento. Esta medida, impulsada por la Administración Trump, ha generado una ola de reacciones y litigios en todo el país.

Una demanda presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York ha puesto el foco en los detalles más punzantes de esta orden. La querella, interpuesta por la Coalición de Inmigración de Nueva York y representada por Latino Justice PRLDEF, gira en torno a la situación de J.V., una mujer venezolana de 31 años con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco meses de embarazo.

Según la demanda, la orden ejecutiva viola la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en suelo estadounidense. "Quitar este derecho convertiría en apátridas a estos niños y los discriminaría por criterios de ascendencia u origen de sus padres," se argumenta en el documento legal. Las consecuencias para los niños nacidos bajo esta prohibición serían devastadoras:

Vida en la clandestinidad: Obligados a vivir "en las sombras" sin acceso a los beneficios y oportunidades de los ciudadanos.
Riesgo de deportación: Amenazados constantemente con la separación familiar y la expulsión del país.
Privación de derechos fundamentales: Sin acceso a atención médica, educación, documentos de identidad y una vida digna.

La presidenta de Latino Justice ha declarado que: "Antes de obtener un cargo electivo, el Presidente ha creído erróneamente que tiene el poder singular de determinar quién puede convertirse en ciudadano estadounidense. La definición de ciudadanía está claramente consagrada en nuestra Constitución..." El caso de J.V., cuyo hijo nacerá en junio de 2025, pone de manifiesto la urgencia de resolver esta situación legal, ya que su bebé estaría sujeto a la prohibición si la orden presidencial entra en vigor. El TPS de J.V. expira en abril de este año, añadiendo una capa más de complejidad a su precaria situación.

El futuro de esta demanda, y el impacto que tendrá en la política migratoria de Estados Unidos, permanece incierto, pero una cosa es clara: el debate sobre la ciudadanía por nacimiento ha llegado a un punto crítico.