Justicia de EU demanda a NY por licencias a migrantes
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En el centro de la controversia se encuentra una ley aprobada en Nueva York en 2019, que permite a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, obtener una licencia de conducir. Esta legislación, impulsada por la entonces gobernadora Kathy Hochul, ha sido el blanco de una demanda federal interpuesta por el Departamento de Justicia.
La demanda, anunciada por la fiscal general Pam Bondi —figura cercana a la administración Trump—, alega que la ley estatal es "inconstitucional" y que facilita la migración irregular. Bondi, en declaraciones públicas, acusó a Nueva York de "priorizar a los migrantes ilegales por encima de Estados Unidos", nombrando directamente a la gobernadora Hochul, a la fiscal general estatal Letitia James y al comisionado del Departamento de Vehículos Motores de Nueva York, Mark Schroeder, como responsables.
Esta acción legal no es un hecho aislado. Se suma a una demanda similar presentada seis días antes contra Chicago e Illinois, acusándolos de obstaculizar las operaciones de inmigración y deportación. Ambas demandas buscan anular las protecciones estatales y locales que benefician a la población indocumentada, reflejando una política nacional de mayor control migratorio.
El alcance de estas demandas abarca aspectos importantes del debate migratorio en Estados Unidos, desde el acceso a servicios básicos como la licencia de conducir hasta la cooperación entre autoridades federales y locales en la aplicación de las leyes de inmigración. El desenlace de estos litigios podría sentar un precedente significativo para otras ciudades y estados con legislaciones similares.
La estrategia legal del Departamento de Justicia se enmarca en una política migratoria más restrictiva, generando un debate público intenso sobre la relación entre la soberanía federal y los derechos de los inmigrantes a nivel estatal. Los detalles de las demandas, incluyendo las pruebas presentadas y los argumentos legales planteados, serán cruciales en la determinación final de los tribunales.