Crisis migratoria: Guantánamo, un nuevo capítulo de opacidad y abusos
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Aunque la imagen de Guantánamo evoca la prisión militar para sospechosos de terrorismo, la realidad actual es más compleja. Se centra en una instalación de detención de migrantes operada por Akima, una empresa privada que firmó un contrato de $163.4 millones de dólares con la administración Biden en agosto de 2024 para administrarla hasta 2029. Esta misma compañía ha enfrentado previamente críticas por la gestión de otros centros de detención en Estados Unidos, incluyendo instalaciones en Buffalo, Texas y Miami.
Una auditoría federal de la instalación de Miami, por ejemplo, reportó múltiples casos de "uso inapropiado de la fuerza", incluyendo un incidente donde guardias rociaron gas pimienta a un detenido en confinamiento solitario sin provocación alguna, según reporta The Guardian. Una queja separada de derechos civiles alega que el personal de Akima tomó represalias contra detenidos en huelga de hambre en Buffalo mediante fuerza física y confinamiento solitario.
La situación se ha intensificado tras una orden ejecutiva del Presidente Trump del 29 de enero, que instruye al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional a aumentar la capacidad de la instalación de Guantánamo a 30,000 migrantes. Esto ha llevado a la transferencia de más de 150 migrantes, muchos de ellos venezolanos, a pesar de que algunos informes indican que entre ellos hay migrantes de "bajo riesgo" sin antecedentes penales, según CBS News.
La opacidad que rodea a la instalación es alarmante. Documentos revisados por The Guardian describen el traslado de detenidos en "camionetas con cristales polarizados", con "esposas y gafas opacas para obstruir su visión". Aunque se muestran fotografías de autobuses de transporte con cristales polarizados, no hay confirmación del uso de gafas opacas.
Las preocupaciones crecen. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han entablado una demanda contra la administración Trump, alegando que los migrantes están detenidos "en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados, familiares o al mundo exterior". La demanda exige acceso a representación legal y comunicación.
La expansión de la instalación, con la instalación de estructuras de tiendas de campaña para albergar a 2,000 individuos, representa una expansión significativa de la capacidad que se suma a las inquietudes ya existentes.