Juez rechaza demanda de AP contra Trump por el uso del nombre Golfo de México
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra Associated Press (AP), una agencia de noticias con una larga historia de informar sobre eventos de trascendencia mundial. Esta vez, sin embargo, no se trata de una guerra o una crisis económica, sino de una batalla por el lenguaje, por el control de la narrativa. La disputa involucra directamente al gobierno del presidente Donald Trump y su controvertida decisión de cambiar el nombre del Golfo de México.
El conflicto escaló cuando el gobierno, tras la decisión de AP de continuar utilizando el nombre tradicional "Golfo de México", prohibió el acceso de sus reporteros a lugares clave como la Oficina Oval y el Air Force One. Esta restricción, según AP, es una violación directa a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
La agencia presentó una demanda contra tres altos asesores de Trump: Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca; Karoline Leavitt, secretaria de prensa; y Susan Wiles, jefa de gabinete. "Creemos que estamos en lo cierto en esta posición," afirmó Leavitt durante una conferencia. Taylor Budowich, subjefe de gabinete, también nombrado en la demanda, no ha hecho declaraciones al respecto.
El juez federal Trevor McFadden, designado por Trump, rechazó la solicitud de AP para un restablecimiento inmediato del acceso, argumentando que la restricción en áreas "más privadas" utilizadas por el presidente difiere de casos previos. "No puedo decir que AP haya demostrado una probabilidad de éxito en este caso," declaró McFadden.
El gobierno, por su parte, sostiene que AP no tiene derecho a un "acceso especial de los medios al presidente". La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y Reuters expresaron su apoyo a AP, destacando que esta prohibición puede afectar negativamente la cobertura informativa y, por lo tanto, al público.
El decreto presidencial que busca renombrar el Golfo de México como Golfo de América, firmado el mes pasado, ha generado un debate nacional sobre el poder ejecutivo y la libertad de prensa, con implicaciones que van mucho más allá de la simple nomenclatura geográfica.
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