Ley SB-153: Carolina del Norte endurece control migratorio
... 
Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra el proyecto de ley SB-153, una iniciativa impulsada por senadores republicanos, entre ellos el líder del Senado, Phil Berger, junto a Warren Daniel y Buck Newton. Este proyecto, bautizado como "Protección Fronteriza de Carolina del Norte", busca intensificar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La propuesta contempla que el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Correcciones para Adultos y la Patrulla Estatal de Carreteras firmen acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g). Esto significa que oficiales estatales podrían realizar detenciones migratorias bajo supervisión federal, ampliando las capacidades de control migratorio del estado. “Los habitantes de Carolina del Norte ya no tolerarán políticas de santuario que los pongan en riesgo,” afirmó el senador Berger en un comunicado, añadiendo que se debe “exigir a la administración del gobernador Josh Stein (Partido Demócrata) que coopere con los funcionarios de inmigración.”
Un aspecto clave del SB-153 es su impacto en las llamadas “ciudades santuario”. Aunque prohibidas en Carolina del Norte desde 2015, algunos municipios mantienen políticas que limitan la colaboración con el ICE. El SB-153 busca eliminar estas políticas, permitiendo que las víctimas de delitos demanden a gobiernos locales que no colaboren con las autoridades migratorias. Esto podría significar la pérdida de inmunidad legal para municipios que desobedezcan la ley estatal.
El proyecto también incluye la auditoría de programas estatales como Medicaid, asistencia alimentaria y vivienda, buscando asegurar que solo ciudadanos y residentes legales reciban beneficios. La Oficina de Presupuesto y Gestión del Estado sería la responsable de estas auditorías.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Organizaciones como El Pueblo, dedicada a la defensa de los derechos de los migrantes, la califican como “antiinmigrante”, argumentando que crea un "entorno de miedo" y perjudica sectores económicos clave que dependen de la mano de obra inmigrante. Mario Alfaro, gerente de Política de El Pueblo, señaló a Carolina Journal que obligar a las agencias estatales a realizar tareas federales es una “violación a la autonomía estatal”.
El debate en torno al SB-153 refleja la complejidad de la situación migratoria en Estados Unidos y el continuo choque entre las políticas federales y las preocupaciones a nivel estatal.
Más Noticias
