Hondureño arrestado en Florida por inmigración ilegal y posesión de residencia falsa

Mario Antonio Mejía-Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, se encuentra actualmente bajo custodia del ICE tras su arresto el 24 de enero de 2025 en Jacksonville. La acusación contra él es seria: ingreso ilegal a Estados Unidos y posesión de una tarjeta de residencia permanente falsificada.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, la investigación reveló que Mejía-Calderón ya había sido deportado en 2013. Este hecho agrava su situación legal considerablemente. El fiscal federal adjunto, Michael J. Coolican, llevará el caso ante los tribunales.
"La posesión de una tarjeta de residencia permanente fraudulenta y el reingreso ilegal a Estados Unidos por parte de un extranjero que había sido deportado anteriormente son delitos federales graves", señala el comunicado del Departamento de Justicia.
Las consecuencias de las acciones de Mejía-Calderón son significativas. De ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión. Esta pena se basa en la gravedad de los cargos: falsificación de documentos y reingreso ilegal tras una deportación previa.
Este caso resalta el enfoque del ICE en la detección y el procesamiento de individuos que reingresan ilegalmente a Estados Unidos. La agencia continúa realizando operativos en todo el país para identificar y procesar casos similares. El proceso judicial de Mejía-Calderón está en curso, y su futuro legal dependerá del desarrollo del juicio.
Más allá del caso específico, este incidente pone de manifiesto la problemática de la inmigración irregular y las consecuencias de utilizar documentación falsificada en Estados Unidos. Las leyes migratorias norteamericanas son estrictas, y las sanciones por infracciones pueden ser severas, incluyendo largos períodos de prisión y la imposibilidad de acceder a beneficios migratorios en el futuro.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advierte sobre las consecuencias de presentar documentos fraudulentos, que van desde multas y prisión hasta la deportación inmediata. La posesión de una Green Card falsa, en particular, se considera un delito grave con implicaciones de largo alcance.