Demócrata impulsa ley para detener registro de huellas dactilares en inmigrantes del ICE
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la polémica se encuentra Pramila Jayapal, representante demócrata por Washington. Jayapal, la primera estadounidense de origen asiático en representar a su estado a nivel federal, ha presentado una iniciativa legislativa con un objetivo claro: detener la exigencia de registro de huellas dactilares para inmigrantes detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
La orden ejecutiva del gobierno, que busca obligar a los inmigrantes indocumentados a registrarse proporcionando una dirección, ha sido calificada por Jayapal como una herramienta para una “deportación masiva”. La representante, nacida en Chennai, India, argumenta que esta política resucita prácticas del pasado con implicaciones negativas para la comunidad inmigrante.
El proyecto de ley, titulado "Ley de No a las Redadas", busca derogar la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, la base legal para la recolección obligatoria de huellas dactilares. Jayapal lo describe en un comunicado como una respuesta a una política que "está asociada con algunas de las manchas más vergonzosas en la historia de nuestro país."
La iniciativa de Jayapal cuenta con el apoyo de más de 20 legisladores demócratas, así como de importantes organizaciones defensoras de los derechos civiles, entre las que destacan la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Asian Americans Advancing Justice (AAJC) y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
El contexto de este proyecto de ley no puede ignorarse: las cifras de deportaciones han aumentado considerablemente, llegando a casi 11,000 en febrero según NBC News. Se espera un incremento en los próximos meses, dado el aumento de la financiación gubernamental para la iniciativa anti-migratoria.
La propuesta de Jayapal, en medio de este panorama de crecientes deportaciones y un endurecimiento de las políticas migratorias, se presenta como un frente de resistencia a las medidas impuestas por la administración actual. Los detalles de su implementación y sus implicaciones a largo plazo, sin embargo, aún se encuentran en debate.
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