Trump endurece política migratoria: emergencia nacional y polémica ley de 1798
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Nicol Matuz ScottEl segundo mandato del presidente Donald Trump ha comenzado con medidas drásticas en materia migratoria. La clave de esta estrategia radica en la declaración, durante su toma de posesión, de una “emergencia nacional” en la frontera sur. Este anuncio, acompañado de la firma de varias órdenes ejecutivas, sienta las bases de una política de “tolerancia cero” que ya ha comenzado a generar controversia.
Figuras clave dentro del gobierno, como la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han reforzado la narrativa oficial declarando que cualquier persona que “viola nuestras leyes de inmigración es, por definición, un criminal y está sujeta a deportación”. Esta declaración, realizada el 29 de enero en Miami, ha sido interpretada por muchos como una escalada en la retórica anti-inmigrante.
El plan, según filtraciones del The New York Times, cita fuentes anónimas que indican que la administración Trump pretende utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, de época colonial, permitiría la deportación de inmigrantes indocumentados a través de procesos expeditos, dejando de lado, según sus críticos, el debido proceso legal. La estrategia se enfocaría inicialmente en aproximadamente 1 millón de personas con orden de deportación, más de 600,000 con antecedentes penales, una cifra que podría aumentar exponencialmente.
La reacción demócrata ha sido inmediata. Senadores como Dick Durbin y Alex Padilla, junto con los congresistas Jamie Raskin y Pramila Jayapal, han enviado una carta al presidente Trump expresando su profunda preocupación. En ella, señalan la falta de fundamento legal para declarar una "invasión" y el peligro de violar el debido proceso legal, un derecho fundamental garantizado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La carta advierte sobre las implicaciones de tales acciones en la separación de poderes y en las libertades civiles, abriendo la puerta a posibles litigios.
Abogados de inmigración como Alex Gálvez, de Los Ángeles, han manifestado su oposición, argumentando que "Se trata de una ley que sólo debe usarse en tiempos de guerra y no estamos en tiempos de guerra. Hacerlo es pasar por encima del poder presidencial y contradice las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso." La preocupación se centra en la potencial anulación del habeas corpus, un derecho fundamental que protege contra detenciones arbitrarias.
La situación plantea un panorama complejo, con implicaciones de largo alcance para el sistema migratorio estadounidense y la relación entre los poderes del Estado. El debate sobre la legalidad y la moralidad de estas medidas continúa en desarrollo, mientras la administración Trump continúa implementando sus planes.
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