Juez bloquea reducción de USAID impulsada por el DOGE, con Elon Musk como asesor

El foco se centra en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y una decisión judicial que ha generado un terremoto político. No se trata de un simple recorte presupuestal, sino de una batalla legal que pone en jaque la misma estructura de la agencia.
El juez federal Theodore Chuang, con sede en Maryland, emitió una orden judicial que ha paralizado los planes de reducción de la USAID, impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde Elon Musk ejerce como asesor principal. "La eliminación de la agencia probablemente viola la Constitución de los Estados Unidos," afirmó el juez en su decisión, según reportes de Associated Press y Forbes.
La demanda, presentada por empleados y contratistas de la USAID, alegaba la falta de autoridad legal para los recortes y despidos masivos. El juez Chuang estuvo de acuerdo, ordenando la restauración inmediata del acceso a sistemas informáticos y correos electrónicos para todos los empleados, incluyendo aquellos que habían sido puestos en licencia administrativa. Esto representa un duro golpe para la estrategia de la administración Trump de reducir el gasto en asistencia exterior.
La situación se complica aún más al considerar el papel de Elon Musk. Aunque oficialmente es asesor, "su rol en la reestructuración de USAID ha sido duramente cuestionado en los tribunales," señala Forbes, ya que los demandantes argumentan que carecía de la autoridad legal para tomar decisiones tan trascendentales.
El cierre progresivo de USAID, iniciado en febrero con el despido de al menos 1,600 empleados en Estados Unidos, forma parte de un plan más amplio de austeridad de la administración Trump. Este plan, justificado como necesario para recortar gastos innecesarios y promover una agenda política conservadora, ha generado un gran descontento entre los trabajadores y ha desatado una compleja batalla legal con consecuencias aún impredecibles.
La orden judicial preliminar de Chuang impide, por ahora, cualquier acción adicional por parte del DOGE. Sin embargo, el litigio continúa y el futuro de la USAID permanece incierto, dejando en vilo el destino de sus empleados y los programas de ayuda internacional que dependen de ella. El caso continúa desarrollándose en los tribunales.