Deportaciones de venezolanos a El Salvador: familias desesperadas buscan a sus seres queridos
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Nicol Matuz ScottCaraballo, un barbero de 26 años, fue detenido en Texas junto a decenas de venezolanos. El viernes por la noche, una llamada llena de pánico rompió el corazón de Sánchez. Su esposo, vestido de blanco y esposado, estaba siendo subido a un avión sin saber a dónde lo llevaban. Al día siguiente, su nombre desapareció del sistema de seguimiento del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).
El lunes, la verdad golpeó con la fuerza de un maremoto: Caraballo, junto a más de 200 venezolanos, había sido trasladado a El Salvador, específicamente a un enorme complejo carcelario de máxima seguridad. La acusación: pertenecer a la pandilla venezolana "Tren de Aragua". Una acusación que Sánchez niega rotundamente, calificándola de absurda.
“No sé nada de mi hijo,” lamenta Xiomara Vizcaya, otra venezolana afectada, cuyo hijo, Ali David Navas Vizcaya, también desapareció del sistema del ICE. Su hijo, detenido desde principios de 2024, la llamó el viernes anunciando su posible deportación, y desde entonces, su paradero es un misterio.
Esta situación se enmarca en el contexto de los polémicos vuelos de deportación del fin de semana. El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, para justificar estas deportaciones sin posibilidad de recurso legal. Esta acción ha generado una ola de protestas y una frenética búsqueda de los desaparecidos.
El gobierno estadounidense ha pagado 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño por la retención de estos detenidos, en una prisión donde no se permiten visitas, ni recreación, ni educación. Un detalle macabro que resalta la opacidad del proceso. El gobierno salvadoreño, que rara vez acepta deportados de Estados Unidos, mantiene un silencio inquietante.
La situación se agrava por la falta de información. Un documento judicial reconoce que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales. Sin embargo, el gobierno insiste en la presunta pertenencia a la pandilla, alegando que la falta de información específica aumenta el riesgo que representan. Sánchez, por ejemplo, asegura que el único "delito" de su esposo podría ser un tatuaje con la fecha de cumpleaños de su hija.
Mientras tanto, el gobierno venezolano califica los traslados como “secuestros”, instando a protestas y demandando el regreso de sus ciudadanos. El sueño americano, para muchos venezolanos, se ha convertido en una pesadilla salvadoreña.
El caso de Franco Caraballo y otros cientos de venezolanos plantea interrogantes sobre los derechos humanos y la transparencia en los procesos migratorios. La búsqueda desesperada de sus familias continúa, dejando tras de sí un rastro de angustia e incertidumbre.
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