Funcionario de ICE admite que muchos deportados a El Salvador no tenían antecedentes penales

En el centro de la polémica se encuentra la administración Trump y su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra. Esta ley, poco utilizada, permitió la rápida expulsión de estos migrantes, a quienes se acusó de pertenecer a la peligrosa banda Tren de Aragua. Sin embargo, un documento presentado ante un tribunal federal en Washington D.C. revela un giro inesperado.

Robert Cerna, alto funcionario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), admitió en una declaración jurada que "muchos" de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. A pesar de esta confesión, el gobierno defiende su decisión, argumentando que el cruce ilegal de la frontera es razón suficiente para la deportación. Esta postura ha sido recibida con fuertes críticas.

Cerna justificó la deportación alegando que la falta de información sobre los individuos "demuestra que son terroristas". Para sustentar su afirmación, mencionó que ICE realizó una "minuciosa investigación" que incluyó:

• Registros judiciales
• Vigilancia
• Encuentros con la policía
• Entrevistas
• Testimonios de víctimas
• Evidencia de miembros criminales
• Transacciones financieras
• Registros informáticos
• Confesiones de pertenencia a la banda
• Redes sociales y fotografías de tatuajes y gestos asociados a pandillas.

Sin embargo, la afirmación de Cerna ha sido cuestionada. Expertos señalan que no existen tatuajes específicos que confirmen la afiliación al Tren de Aragua, y las familias de algunos deportados aseguran que sus parientes no tienen vínculos con la pandilla, presentando testimonios que contradicen la versión oficial. Ejemplos como el caso de Mervin Jose Yamarte Hernandez, cuyo familiar niega rotundamente cualquier conexión con el crimen organizado, ilustran esta problemática.

El juez James Boasberg, quien inicialmente ordenó bloquear las deportaciones, está buscando más información de la administración. Esta situación ha generado una confrontación política, con representantes republicanos incluso presentando artículos de juicio político contra el juez. Mientras tanto, organizaciones como el Immigration Defenders Law Center denuncian la detención ilegal de sus clientes, alegando que ICE utiliza tatuajes como evidencia para vincularlos con pandillas, sin considerar el contexto.

El conflicto continúa, dejando en evidencia las complejidades legales y humanitarias de este caso, que aún presenta muchas preguntas sin responder. La falta de transparencia y las acusaciones contradictorias han generado un clima de tensión y desconfianza.

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