DeSantis y Homan defienden el empleo juvenil en lugar de la inmigración ilegal
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Nicol Matuz ScottEl gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con el asesor de inmigración de Trump, Tom Homan, ha expresado su apoyo a la medida. DeSantis argumentó que "hay que preguntarse por qué necesitamos importar extranjeros, incluso ilegalmente, cuando en el pasado los adolescentes trabajaban en estos establecimientos y los estudiantes universitarios podían hacerlo también". Su propuesta se basa en la idea de que los jóvenes deberían contribuir a la economía de parte tiempo, tal como se hacía en su juventud.
La iniciativa, impulsada por el senador republicano Jay Collins, contempla eliminar las restricciones horarias para jóvenes de 16 y 17 años, permitiéndoles trabajar más de ocho horas diarias incluso en días escolares y más de 30 horas semanales durante el curso lectivo. Además, se propone levantar las limitaciones para adolescentes de 14 y 15 años que realicen educación en casa o virtual. Collins, defiende la medida argumentando que "se trata de los derechos de los padres. Los padres conocen mejor a sus hijos" y que la mayoría de los empleos serían en entornos seguros, citando ejemplos como "trabajar en Publix, en Piggly Wiggly o en otros negocios del sector".
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición. El senador demócrata Carlos Guillermo Smith la califica como una medida que "va a conducir a la explotación de menores, a la explotación de niños". Sus preocupaciones se basan en el posible impacto negativo para el bienestar y la educación de los adolescentes.
El trasfondo de esta situación reside en la Ley SB 1718, aprobada hace un año, que exige a las empresas con más de 25 empleados el uso del sistema federal E-Verify para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados. Esta ley, sumada a las políticas migratorias restrictivas, ha provocado una salida significativa de trabajadores indocumentados, generando importantes vacantes en el mercado laboral. Un informe del American Immigration Council (AIC) del año pasado, alertó sobre la posibilidad de la deportación de aproximadamente un millón de floridanos, afectando a alrededor del 5% de la población del estado, una proporción significativamente mayor al promedio nacional (3.3%).
La falta de mano de obra, exacerbada por estas políticas, parece estar impulsando la búsqueda de soluciones controversiales, abriendo un debate complejo sobre el balance entre las necesidades económicas y la protección de los derechos de los menores de edad.
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