Jueza compara el trato a inmigrantes con el de los nazis en audiencia sobre deportaciones
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Nicol Matuz ScottEl centro de la discusión se centra en la deportación de 238 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. La administración Trump justificó esta acción bajo la referida ley, argumentando una supuesta "guerra irregular" contra Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con indignación por diversos sectores.
La jueza Patricia Millett del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington D.C., emitió una declaración contundente durante una audiencia: "Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí". Esta afirmación, que provocó un tenso intercambio con los abogados del gobierno, destaca la gravedad de las acusaciones sobre el procedimiento empleado en las deportaciones.
El juez federal James Boasberg, por su parte, emitió una orden de restricción temporal, impidiendo nuevas deportaciones mientras se revisan las acusaciones de afiliación a pandillas. Muchos de los deportados niegan su vinculación con el Tren de Aragua, rechazando la versión gubernamental de una “investigación cuidadosa”. La Casa Blanca, sin embargo, insistió en que los vuelos ya estaban en curso cuando se emitió la orden.
La controversia involucra también a figuras clave como Tom Homan, "zar de la frontera", quien calificó la comparación con los nazis de "repugnante"; y la fiscal general de Trump, Pam Bondi, quien defendió la acción gubernamental en Fox News, calificando la situación como una "guerra moderna".
El juez Boasberg expresó su malestar con la forma en que los abogados de la administración Trump le habían hablado, declarando que "investigará a fondo si violaron mi orden, quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias". En respuesta, Trump calificó a Boasberg de "desastre constitucional".
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado un intenso debate legal y político, con grupos de derechos humanos denunciando su ilegalidad dado que Estados Unidos no se encuentra en guerra. Las diferentes posturas y las acusaciones cruzadas entre jueces, abogados del gobierno y la Casa Blanca mantienen la tensión a flor de piel, mientras se espera la resolución del caso.
La falta de precedentes en el uso de esta ley en tiempos de paz, junto a las acusaciones de procedimientos irregulares y las fuertes declaraciones de los involucrados, dibujan un panorama complejo con implicaciones de largo alcance para el sistema legal y la política migratoria de Estados Unidos.
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