Orlando: 10,000 órdenes de deportación desatan crisis migratoria
... 
Nicol Matuz ScottEl foco está en un acuerdo recientemente firmado entre el Condado de Orange y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Este convenio, que ha generado fuertes reacciones, obliga al condado a colaborar en la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados.
El alcalde Jerry Demings confirmó una cifra sorprendente: al menos 10,000 residentes del condado tienen órdenes de deportación emitidas por el ICE. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, este número podría incluso aumentar en los próximos meses. Esta situación ha puesto en jaque a la comunidad, generando incertidumbre y temor entre muchos.
El alcalde Demings justificó la decisión argumentando que “No veo un escenario en el que podamos invalidar la ley estatal e incumplirla. El incumplimiento podría resultar en medidas punitivas… Con el riesgo de que el condado pierda fondos federales. Como director ejecutivo del condado de Orange, no puedo permitir que eso suceda.”
La presión proviene del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha impuesto a los condados la obligación de cooperar con el ICE bajo la amenaza de retirar fondos federales. Esta exigencia ha generado un clima de tensión y ha dejado a muchas autoridades locales en una situación difícil.
Pero no todos están de acuerdo. La decisión ha enfrentado una fuerte oposición de grupos locales de derechos humanos, como el Centro Comunitario Hope y la Coalición “Los Inmigrantes Son Bienvenidos Aquí”. Estas organizaciones denuncian la medida como una criminalización de los inmigrantes y una amenaza al debido proceso. Felipe Sousa Lazaballet, del Centro Comunitario Hope, declaró a Fox News: “En lugar de gastar ese dinero en eso, necesitamos crear viviendas asequibles, agua potable, mejor infraestructura, para que nuestras casas no se inunden con cada huracán”.
Incluso dentro del gobierno del Condado de Orange, la decisión no ha sido unánime. La comisionada Nicole Wilson votó en contra del acuerdo, expresando su preocupación sobre la violación al debido proceso y la asignación de funciones federales a agentes locales. “Esta es una operación federal. Deberían realizarla agencias federales”, afirmó Wilson.
Se espera que en la próxima reunión del condado, programada para el 22 de abril, se discuta el plan operativo del acuerdo. Mientras tanto, la tensión permanece y el futuro de los 10,000 residentes con órdenes de deportación sigue incierto.
Más Noticias
