Juez frena redadas migratorias en California tras denuncias de abuso
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Nicol Matuz ScottEn enero pasado, durante una operación denominada "Operación Regreso al Remitente", 78 personas fueron detenidas en el condado de Kern. De ellas, 77 no tenían antecedentes penales ni migratorios conocidos. Este operativo, según denuncian diversas organizaciones, incluyó tácticas agresivas y coacción, incluso forzando a individuos a firmar documentos renunciando a sus derechos. La magnitud de lo sucedido motivó una inmediata respuesta legal.
La Juez Federal Jennifer L. Thurston del Distrito Este de California, que abarca desde Redding hasta Bakersfield, emitió una orden judicial preliminar. Esta orden prohíbe a los agentes de la Patrulla Fronteriza realizar detenciones o arrestos migratorios sin orden judicial y sin una justificación adecuada en una gran parte del estado. La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la cual destaca la preocupación por las prácticas de la agencia.
"Simplemente no puedes acercarte a personas con piel morena y decirles 'Dame tus papeles'," declaró la Juez Thurston durante una audiencia, según reportó Cal Matters. La orden judicial exige a la Patrulla Fronteriza que informe de todas las detenciones sin orden judicial y que proporcione documentación cada 60 días.
El fallo judicial pone de manifiesto prácticas generalizadas de la Patrulla Fronteriza que incluyen, según consta en el expediente, acciones como pinchazos de llantas, detenciones forzosas y el uso de insultos racistas, llegando incluso a llamar a trabajadores agrícolas "perras mexicanas". Estos hechos contradicen las afirmaciones de los abogados de la Patrulla Fronteriza, quienes los habían calificado como incidentes aislados.
La ACLU, junto con los Trabajadores Unidos del Campo y varios individuos afectados, presentó la demanda en febrero para detener lo que describieron como un perfil racial ilegal y arrestos inconstitucionales. "Nos detuvieron porque parecemos latinos o trabajadores agrícolas," declaró María Hernández Espinoza, una demandante que había vivido en Estados Unidos durante 20 años antes de ser deportada. Su testimonio refleja la experiencia de muchos otros.
La ACLU alega que al menos 40 personas, incluyendo residentes estadounidenses de larga data, fueron deportadas sin el debido proceso y actualmente se encuentran varadas en México. El caso plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad y la protección de los derechos humanos en la frontera.
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