Fiscal de Los Ángeles podría ser recusado en el caso de resentencia de los hermanos Menendez
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Nicol Matuz ScottEn el corazón de este nuevo capítulo se encuentran Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua desde 1996 por el asesinato de sus padres. Tras más de tres décadas en prisión, buscan una nueva sentencia, un proceso que ha revivido el interés público, impulsado en parte por recientes producciones televisivas y documentales.
La audiencia del viernes pasado en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, giró en torno a dos puntos cruciales. El primero: la posible recusación del fiscal de distrito Nathan Hochman. La defensa argumenta conflicto de interés, señalando la contratación por parte de Hochman de una abogada que anteriormente representó a un familiar de los Menéndez opuesto a su liberación. “Es una medida drástica y desesperada”, respondió Hochman, calificando la acusación de carente de mérito legal. La defensa también denuncia la presentación, sin previo aviso, de imágenes explícitas de la escena del crimen, lo que consideran un acto de parcialidad.
El segundo punto clave involucra un informe confidencial de evaluación de riesgo, encargado por el gobernador Gavin Newsom como parte de una solicitud de clemencia. Este informe, “Comprehensive Risk Assessment (CRA)”, evalúa la posibilidad de que los hermanos representen un peligro para la sociedad en caso de ser liberados. La defensa critica el acceso anticipado de la fiscalía a este documento, considerándolo una “maniobra procesal injusta”, según un comunicado de la Justice for Erik and Lyle Coalition.
El juez Jesic tendrá la última palabra sobre la permanencia de Hochman en el caso y la admisibilidad del informe de riesgo. La decisión impactará directamente en el futuro de los hermanos Menéndez y en el curso de este caso que, treinta años después, sigue generando intensos debates sobre justicia, rehabilitación y las consecuencias del trauma infantil. Se espera una nueva audiencia el 13 de junio para discutir los hallazgos finales del informe.
Mientras tanto, el fiscal general de California, Rob Bonta, se opone a la solicitud de la defensa de asignar una oficina externa al caso, argumentando que no se ha demostrado un conflicto de interés lo suficientemente sólido como para justificar dicha medida.
La decisión del juez, más allá del caso en sí, abre un debate sobre las prácticas judiciales y la búsqueda de un balance entre justicia y segundas oportunidades, particularmente en casos con una historia tan compleja y mediática como la de los hermanos Menéndez.
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