Gobierno de Trump exige a 'ciudades santuario' modificar políticas para cumplir leyes migratorias
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Nicol Matuz ScottEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración Trump, ha publicado una lista de más de 500 "ciudades santuario". Estas localidades, que incluyen ciudades, condados y estados, son acusadas de obstruir la aplicación de las leyes federales de inmigración. La lista, publicada en el sitio web del DHS, detalla las entidades consideradas incumplidoras, y cada una recibirá una notificación formal indicando la situación.
Según la Secretaria del DHS, Kristi Noem, "Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos". Noem enfatizó la prioridad de la seguridad del pueblo estadounidense y advirtió a estas localidades: "cumplan con la ley federal".
La administración Trump exige a estas ciudades que modifiquen sus políticas para alinearlas con las leyes federales de inmigración. Entre los factores considerados por el DHS para incluir a una localidad en la lista se encuentran: su auto-identificación como jurisdicción santuario, el grado de cooperación con las autoridades federales, restricciones para compartir información con las autoridades migratorias, y la existencia de protecciones legales para personas sin permiso en el país.
El zar de la frontera, Tom Homan, ha declarado que ninguna ciudad santuario será inmune a las deportaciones. La orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de abril faculta a los departamentos y agencias federales a identificar y suspender o cancelar fondos federales a las ciudades consideradas "santuario". Si estas localidades continúan en "desobediencia", se implementarán "medidas legales y de cumplimiento".
Cabe destacar que no existe una definición legal precisa de "ciudad santuario". El término se usa para referirse a entidades que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales, priorizando la seguridad y el bienestar de todos sus residentes, incluyendo a los inmigrantes. Esta situación genera un complejo debate sobre la aplicación de leyes federales y los límites de la autoridad local en materia de inmigración.
La controversia se centra en el equilibrio entre la aplicación de la ley federal y la autonomía local, generando una situación con implicaciones de gran alcance para el futuro de las relaciones entre el gobierno federal y las comunidades locales en Estados Unidos.
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