CBP recolecta ADN de 1.5 millones de migrantes, incluidos miles de menores
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Nicol Matuz ScottUn reciente informe ha sacudido las bases del debate migratorio en Estados Unidos. Se ha revelado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha recolectado el ADN de más de 1.5 millones de migrantes desde 2020. Esta cifra, alarmante por sí sola, incluye a más de 133,000 niños y adolescentes. Los perfiles genéticos han sido enviados al Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) del FBI, una base de datos criminal tradicionalmente reservada para individuos arrestados o convictos por crímenes graves.
El dato más impactante: al menos un niño de 4 años figura en la base de datos. Aunque la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) generalmente exime a menores de 14 años de la recolección de ADN, los agentes en campo tienen la facultad de actuar según su propia evaluación. De los menores de 14 años listados, solo cinco estaban vinculados a cargos criminales; el resto fueron etiquetados simplemente como "detenidos".
"Para asegurar nuestras fronteras, CBP está dedicando todos los recursos disponibles para identificar quién está entrando a nuestro país," declaró Hilton Beckham, comisionado asistente de asuntos públicos de CBP a la revista Wired. "CBP recolecta muestras de ADN... de personas bajo custodia de CBP que son arrestadas por cargos criminales federales, y de extranjeros... sujetos a toma de huellas dactilares y no exentos de otra manera."
Sin embargo, la gran mayoría de las personas incluidas en la base de datos no tenían cargos criminales. Un informe reciente del Centro de Privacidad y Tecnología y Georgetown señala que el ritmo de recolección de datos genéticos sería imposible en un contexto legal criminal: "Hasta 2020, casi todos los perfiles de ADN en la base de datos de 'delincuentes' de CODIS fueron agregados por la policía estatal y local y otras agencias de aplicación de la ley penal. En el contexto penal, existen algunas limitaciones sobre cuándo, cómo y de quién las agencias de aplicación de la ley penal pueden tomar ADN, lo que hace que el proceso de acumulación de muestras sea engorroso y requiera muchos recursos".
Para críticos como Sara Huston, experta en políticas genómicas de la Universidad Northwestern, esta expansión constituye una forma de vigilancia masiva con implicaciones duraderas. "No es un sistema justo mantener el ADN de personas que no han cometido crímenes asumiendo que probablemente lo harán," afirma Huston.
La situación plantea interrogantes fundamentales sobre los límites de la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y la potencial discriminación hacia comunidades migrantes. El debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales se intensifica, con consecuencias aún por verse.
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