Deportaciones familiares: el drama humano tras las políticas migratorias de Estados Unidos

Recientemente, ha surgido un debate acalorado alrededor de las deportaciones de familias mixtas, involucrando a padres extranjeros y sus hijos nacidos en territorio estadounidense. El foco está en las acciones de la administración Trump, pero los detalles son cruciales para entender el panorama completo.
El caso de RMV, una mujer hondureña con dos hijos ciudadanos estadounidenses – uno de ellos con cáncer en etapa 4 – ilustra la complejidad. Según el representante Seth Magaziner (D-RI), "En ningún momento la madre ofreció su consentimiento. En ningún momento firmó nada. Tampoco se le dio la oportunidad de hablar con un abogado, a pesar de que el abogado estaba en el mismo edificio." Esta situación, lejos de ser aislada, se repite en otros casos.
JLV, otra madre hondureña, fue deportada a Honduras con su hijo estadounidense de 2 años, mientras el padre preparaba los documentos de custodia. Y la familia Hernández, (nombre ficticio para proteger su privacidad), enfrenta una situación aún más desgarradora. Esta familia mexicana, en ruta a Houston para un tratamiento médico urgente para su hija estadounidense de 10 años – quien recientemente fue operada de un tumor cerebral – fue detenida en un puesto fronterizo y deportada a México, una zona con altos índices de secuestro.
El abogado Danny Woodward del Texas Civil Rights Project, que representa a la familia Hernández, afirma que "a los padres no se les ofreció ninguna opción significativa sobre qué hacer con su hija o con ninguno de sus hijos ciudadanos estadounidenses. La CBP repetidamente dice: 'A los padres se les dio la opción de lo que iba a pasar'. Pero lo que sucedió en este caso es que a los padres se les presionó repetidamente para que firmaran los documentos de deportación y básicamente les dijeron: 'Sus dos opciones son llevar a sus hijos de regreso a México, a todos, o entregarlos a la custodia del gobierno y nunca más los volverán a ver'".
El representante Adriano Espaillat (D-NY) se reunió con la familia Hernández en Monterrey, México. Explicó que la hija no recibe el tratamiento adecuado y los niños estadounidenses no pueden inscribirse en la escuela. Espaillat busca obtener pasaportes para los niños estadounidenses y un parole humanitario para la familia.
Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, destaca que los agentes de ICE en Louisiana no siguieron el protocolo establecido para situaciones familiares. Agrega que "hay un requisito de que a los padres se les dé la oportunidad de tomar decisiones sobre lo que sucede con sus hijos, porque, obviamente, como ciudadano estadounidense, usted tiene derecho a estar aquí. Usted no puede ser deportado. Y en esta situación, a ninguna de las madres se le dio la oportunidad de tomar una decisión sobre lo que sucede con sus hijos."
El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que "no deportamos a ciudadanos estadounidenses y no hemos deportado a ciudadanos estadounidenses", mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que "los padres son preguntados si quieren ser removidos con sus hijos o si ICE colocará a los niños con alguien que el padre designe."
Sin embargo, la situación del niño Emanuelly Borges Santos, nacido en Fort Lauderdale, deja en evidencia las complejidades burocráticas que enfrentan estas familias. Sus padres, al ser deportados a Brasil, se enfrentan a la dificultad de obtener la ciudadanía brasileña para su hija.
El abogado Woodward destaca paralelismos con la política de separación familiar de la primera administración Trump, señalando que "el objetivo declarado de la separación familiar era ser lo más cruel posible para intentar enviar un mensaje a la gente sobre venir a Estados Unidos. Y esto es exactamente lo mismo, y esa es la intención clara y declarada".