Mexicana embarazada lucha contra deportación en Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottCarmen Graciela Guerrero Sandoval, una ciudadana mexicana de 32 años residente en Columbus, Ohio, se encuentra en el ojo del huracán. Embarazada y madre de un niño de nueve años diagnosticado con autismo, enfrenta una orden de deportación que ha desafiado en los tribunales federales.
La batalla legal de Guerrero Sandoval no es solo una lucha por su propia permanencia en el país. "Esto es por mis hijos," afirmó su abogado, George Katchmer, en una entrevista con Telemundo. El argumento central de la demanda reside en el impacto devastador que la deportación tendría en sus dos hijos.
Su hijo mayor, un niño estadounidense con autismo, recibe educación especial en el distrito escolar de Columbus City Schools. Los documentos judiciales presentados destacan la falta de servicios equivalentes en México para niños con autismo, respaldados por un informe de la Universidad de Dayton que analiza las deficiencias del sistema educativo mexicano.
Además, el embarazo de Guerrero Sandoval añade una capa crucial al caso. Su fecha de parto prevista para octubre plantea una interrogante sobre la ciudadanía de su segundo hijo. Si nace en Estados Unidos, obtendrá la ciudadanía automáticamente. Sin embargo, una deportación inminente podría privarlo de ese derecho, dado que el decreto de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados permanece en suspenso, a la espera de un fallo inminente de la Corte Suprema.
La demanda, presentada contra la fiscal general y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), invoca la Enmienda 14 y la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. Katchmer argumenta que la deportación constituiría un castigo cruel e inusual para sus hijos, quienes dependen del continuo cuidado y apoyo de su madre.
El caso de Guerrero Sandoval ha revivido el debate sobre la ciudadanía por nacimiento y las deportaciones, especialmente en el contexto del controvertido decreto de Trump. La decisión de la Corte Suprema, esperada para finales de junio, podría tener un impacto significativo, no sólo en este caso, sino en el futuro de miles de familias migrantes en Estados Unidos.
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