Nueva ley en Texas obliga a alguaciles a actuar como agentes migratorios
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de esta situación reside en el Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), recientemente aprobado por la Legislatura de Texas, dominada por el partido Republicano. Esta ley, a punto de ser firmada por el gobernador Greg Abbott, establece un nuevo marco de colaboración entre los alguaciles del estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Según datos del Texas Tribune, la SB-8 obligará a la mayoría de los condados texanos —al menos 234 de 254— a firmar acuerdos con el ICE. Estos acuerdos permitirán a los alguaciles interrogar sobre el estatus migratorio de los detenidos, expandiendo considerablemente el alcance de las autoridades locales en temas de inmigración.
La medida ha generado fuertes críticas. Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de la ACLU, señaló en un comunicado: “La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”. Cruz también advierte sobre la distracción de recursos de las fuerzas del orden y el riesgo de discriminación racial inherente a la ley.
Un análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) establece una conexión directa entre las políticas migratorias de Abbott durante los últimos cuatro años y las del gobierno federal. El reporte advierte: “Texas ha servido como terreno para experimentar con políticas indiscriminadas y cargadas de odio que Trump rápidamente adoptó tras su reelección a nivel nacional”. Este análisis sugiere que Texas se ha convertido en un precedente para otras legislaciones de corte similar en otros estados.
Más allá de la controversia, la SB-8 redefine el rol de las fuerzas del orden locales en Texas, con implicaciones de largo alcance aún por determinar en el panorama social y legal del estado.
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