Texas revoca ley que daba matrícula estatal a estudiantes indocumentados
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Nicol Matuz ScottAhora, el panorama para miles de estudiantes indocumentados en Texas ha cambiado drásticamente. Una decisión judicial reciente ha revocado la ley que permitía a estos jóvenes pagar la matrícula universitaria al mismo precio que los residentes del estado, una ley conocida como Texas Dream Act, aprobada en 2001 por el entonces gobernador republicano Rick Perry.
Esta ley, que permitía a jóvenes indocumentados graduados de secundaria en Texas acceder a la educación superior con la tarifa local (“in-state tuition”), se ha declarado “inconstitucional e inválida” por la Corte de Distrito del Norte de Texas. La decisión, a raíz de una demanda del Departamento de Justicia bajo la administración Trump, argumenta que la ley discriminaba inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses.
El impacto es significativo. Cerca de 73,000 estudiantes indocumentados en educación superior en Texas se verán afectados, casi una quinta parte de los 408,000 estudiantes indocumentados a nivel nacional, según la organización Higher Ed Immigration Portal. El senador estatal Brandon Creighton, republicano, celebró la decisión, declarando: “La colegiatura estatal para los migrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”. Mientras que el congresista Joaquín Castro, demócrata, la calificó como un duro golpe para los texanos.
La diferencia entre la matrícula para residentes y no residentes en las universidades de Estados Unidos puede ser considerable, representando un obstáculo financiero importante para muchos estudiantes. La revocación del Texas Dream Act elimina una opción crucial de acceso a la educación superior para una población vulnerable, reforzando las dificultades que ya enfrentan muchos jóvenes indocumentados en su búsqueda de oportunidades académicas y profesionales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que el fallo judicial aplica de manera permanente. Esta decisión resalta la complejidad del debate migratorio en Estados Unidos y sus consecuencias directas en el acceso a la educación, un derecho fundamental que se ve afectado por las políticas gubernamentales.
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