Corte frena deportaciones de Trump usando ley del siglo XVIII contra venezolanos

La decisión, dividida 2-1, señala que no existe una "invasión o incursión predatoria" que justifique aplicar esta legislación histórica—usada solo tres veces anteriormente, siempre durante guerras declaradas. Los jueces Leslie Southwick (designado por Bush) e Irma Carrillo Ramírez (nominada por Biden) argumentaron en la opinión mayoritaria: "Un país que anima a sus residentes a emigrar ilegalmente no equivale a enviar fuerzas armadas para ocupar o dañar a Estados Unidos".

El fallo bloquea deportaciones en Texas, Luisiana y Mississippi, afectando directamente a cientos de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Andrew Oldham, juez nombrado por Trump, disintió vehementemente, alegando que sus colegas interferían en áreas donde el presidente tradicionalmente tiene amplia discreción: seguridad nacional y relaciones exteriores.

Detalles clave del caso:

• El Departamento de Seguridad Nacional había deportado a presuntos miembros del grupo a una prisión en El Salvador, evitando así órdenes de liberación de cortes estadounidenses.
• En julio, más de 250 migrantes regresaron a Venezuela bajo un acuerdo bilateral.
• La ACLU celebró el fallo como un freno necesario al "uso expansivo de estatutos de emergencia".

El escenario ahora se traslada inevitablemente a la Corte Suprema, que ya intervino dos veces en este caso. Durante la madrugada del pasado marzo, los magistrados emitieron una orden inusual para detener deportaciones masivas hasta que se resolviera el fondo legal. La batalla continúa, pero este fallo marca un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

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