EEUU moviliza abogados militares como jueces migratorios en polémica medida

Según un memorándum interno del Pentágono al que tuvo acceso The Associated Press, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el despliegue de hasta 600 abogados castrenses para apoyar al sistema judicial migratorio, colapsado por más de 3.5 millones de casos pendientes. Los primeros 150 juristas—entre militares en activo y civiles—podrían llegar a los tribunales "tan pronto como sea práctico", según el documento fechado el 27 de agosto.

Detrás de la emergencia:

• Una purga silenciosa: más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o renunciaron bajo presión durante esta administración.
• El sindicato de jueces denuncia que al menos 17 fueron removidos "sin causa justificada" solo en julio.
• Actualmente, solo quedan unos 600 magistrados especializados—la misma cantidad que aportaría el Pentágono.

La Casa Blanca defiende el plan como una solución pragmática. "Todos deberían apoyar agilizar estos procesos, especialmente quienes esperan una resolución", declaró un funcionario anónimo. Sin embargo, los abogados de inmigración están levantando la voz. Ben Johnson, director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, lo compara con "hacer que un cardiólogo realice un reemplazo de cadera".

Las preocupaciones van más allá de la falta de experiencia:

• Los designados tendrán solo 179 días iniciales para decidir casos que—en cortes como Chicago—llegan a miles por juez al año.
• No hay claridad sobre cómo manejarán barreras idiomáticas sin traductores adicionales.
• Exjueces como Jennifer Peyton, despedida en julio, advierten que seis meses son insuficientes para entender "el torrente de información" del derecho migratorio.

El memorándum del Pentágono incluye advertencias: los abogados movilizados no podrán realizar funciones policiales para evitar violar la Ley Posse Comitatus, que limita el uso militar en asuntos civiles. Justo esta semana, un tribunal determinó que el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio "violó flagrantemente" esa norma.

Mientras el Departamento de Justicia evade preguntas—redirigiendo consultas al Pentágono y luego a la Casa Blanca—, las dudas crecen. ¿De dónde saldrán estos 600 abogados? ¿Reservas o activos? ¿Qué pasará con sus funciones originales? Las ramificaciones podrían extenderse más allá de los tribunales migratorios.

Para Peyton, el cálculo es simple pero brutal: "Esto solo tiene sentido si el objetivo es debilitar deliberadamente el sistema". Sus palabras resuenan entre defensores de migrantes, quienes recuerdan que cada fallo judicial puede significar la diferencia entre la deportación y salvar una vida.

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