Escuelas en la mira: activistas exigen proteccion para estudiantes migrantes

Detrás de esta batalla legal hay un nombre que resuena: Kristal Moore Clemens, directora nacional del Children's Defense Fund, quien exige a los distritos escolares implementar "resoluciones santuario" para proteger a estudiantes y familias. "No se debe colaborar con ICE ni compartir información migratoria de los alumnos", advierte.

Los datos concretos preocupan:

• Al menos 1,000 agencias policiales tienen acuerdos 287(g) con ICE, según cifras oficiales.
• ICE puede ingresar a escuelas, pero solo con orden judicial firmada por un juez.
• Hasta ahora, ningún departamento policial escolar K-12 tiene acuerdos 287(g), según activistas.

Adaku Onyeka-Crawford, del Advancement Project, insiste en revisar minuciosamente cualquier documento presentado por agentes. "Las escuelas deben ser zonas seguras, libres de perfiles raciales", subraya mientras recuerda casos donde el miedo a deportaciones ha mantenido a niños fuera de las aulas.

La estrategia propuesta incluye medidas prácticas:

• Alertas inmediatas a padres si hay presencia de ICE.
• Capacitación docente sobre derechos migratorios.
• Corte de vínculos con policías que colaboren en deportaciones.

En paralelo, la administración federal anunció reembolsos para agencias locales que asistan a ICE, un movimiento que activistas como Leidy Robledo de la Alianza por la Justicia Educativa califican de "ataque directo a la comunidad migrante". Mientras el debate se intensifica, las aulas se convierten en un frente inesperado de esta guerra política.

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