Juez frena deportación de niños migrantes centroamericanos en EE.UU.

Según documentos judiciales, "la jueza Rosemary Márquez extendió hasta el 26 de septiembre una orden restrictiva emitida durante el fin de semana del Día del Trabajo". La magistrada cuestionó si las autoridades habían garantizado que los padres o tutores legales en Guatemala estuvieran realmente preparados para recibirlos. El fallo abre un respiro para 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, cuyas edades oscilan entre los 3 y 17 años.

Detrás del caso hay un conflicto legal clave: abogados defensores alegan que el gobierno viola protocolos establecidos en la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata de 2008, que exige que estos menores tengan derecho a:

• Presentar su caso ante un juez de inmigración
• Acceso a representación legal
• Ser ubicados en entornos que prioricen su bienestar

Laura Belous, abogada del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, reveló en corte que los niños han manifestado temor a regresar, citando riesgos como negligencia, posibles redes de trata o complicaciones por condiciones médicas individuales. "No es reunificación cuando ignoras la voz de los menores", argumentó durante la audiencia.

Mientras tanto, la administración Trump insiste en que actúa "por el interés superior de los niños", siguiendo acuerdos diplomáticos con Guatemala. Denise Ann Faulk, fiscal asistente, defendió que el proceso evitaría prohibiciones prolongadas para volver a EE.UU. en el futuro. Sin embargo, la jueza Márquez calificó de "alarmante" la falta de coordinación con familias y la notificación tardía a abogados sobre traslados inminentes.

El caso refleja las tensiones persistentes sobre la política migratoria hacia menores no acompañados. Datos oficiales muestran que los guatemaltecos constituyeron el 32% de los residentes en centros de detención durante 2024, superando a hondureños, mexicanos y salvadoreños. Aunque los cruces fronterizos han bajado a niveles históricos, el destino de estos niños sigue en el limbo judicial.

La demanda en Arizona se amplió recientemente para incluir a cuatro menores guatemaltecos adicionales que cayeron en custodia después del 30 de agosto. Paralelamente, casos similares avanzan en Illinois y Washington D.C., donde grupos de derechos humanos buscan frenar las repatriaciones. La próxima audiencia, programada para finales de septiembre, podría definir si el gobierno debe otorgarles procesos individualizados o continuar con los planes de deportación acelerada.

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