Discriminar por embarazo es violencia y debe castigarse, acuerdan diputados
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El Diario de SonoraCDMX
Incorporar en la ley la definición de que el maltrato laboral por embarazo es un acto de discriminación fue aprobado este miércoles por 444 votos a favor de los diputados federales.
La reforma correspondiente se hizo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como parte de los 16 días de activismo que las legisladoras impulsan desde el pasado 25 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre.
Enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, el dictamen indica que constituirá discriminación laboral y docente los actos u omisiones en contra de una mujer por encontrarse embarazada.
La incorporación de ese señalamiento se sustenta en el hecho de que ello vulnera los derechos a la igualdad, a la maternidad, al embarazo y a la lactancia.
La diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, expuso que, en el mundo laboral, existe una penalización por ser mujeres, estar casadas y por el número de hijos que se tienen.
“Porque parece que nos van calificando. Si tienes un hijo es un punto menos y si tienes dos o tres, menos y menos”, enfatizó la legisladora de Morena.
“Este dictamen es de suma importancia porque pretende establecer que constituye violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada, debido a su maternidad, debido a su embarazo, debido a su lactancia, porque hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe, te piden prueba de embarazo”, argumentó la parlamentaria.
El dictamen plantea que las entidades federativas y la Ciudad de México promoverán y difundirán que la discriminación por embarazo es un delito; y los tres órdenes de gobierno proporcionarán atención legal y de salud integral a quienes afronten esa situación.
También se indica que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá realizar las acciones necesarias para que las autoridades del área lleven a cabo registros confiables y sobre casos de discriminación, permitiendo identificar el tipo de conducta de que se trata, los derechos que se vulneraron y el perfil del agresor.
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