La escalada de violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes, con el asesinato de 19 candidatos en lo que va del año, según informes de Data Cívica. Estos actos atroces no solo representan una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también socavan gravemente la integridad del proceso democrático en el país. La impunidad y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos son señales alarmantes de un sistema político corroído por la corrupción y la influencia del crimen organizado.
Este aumento en la violencia política se produce en el contexto de las próximas elecciones, las más grandes en la historia de México, programadas para el 2 de junio. Con más de 98 millones de personas convocadas a votar y más de 20,375 cargos en disputa, incluida la Presidencia de la República, la magnitud de estos comicios subraya la importancia crítica de garantizar un proceso electoral libre de intimidación y violencia.
Ante esta situación, es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas efectivas para proteger la vida de los aspirantes políticos y garantizar elecciones libres y justas. La falta de acción contundente no solo perpetuará este ciclo de violencia, sino que también socavará aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y el estado de derecho.