La ruptura del diálogo se debe a varios factores. Las familias reclaman la entrega de documentos de espionaje militar que el Gobierno se niega a proporcionar. El estancamiento de las extradiciones pendientes y la negativa a profundizar en líneas de investigación que apuntan al primer escalafón del Gobierno pasado también han contribuido a la decisión.
El abogado Vidulfo Rosales, quien ha acompañado al colectivo principal de familiares desde el inicio, ha declarado que "no vemos condiciones de más reuniones, porque nada más son confrontaciones".
Las familias tenían la esperanza de que la presión constante y el diálogo abierto con el Gobierno podrían impulsar la investigación y arrojar luz sobre el destino de sus hijos. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado una resistencia constante a colaborar plenamente.
"Este gobierno no alcanzó a darnos verdad y justicia", asegura Rosales, "hoy en día no hay dato objetivo de qué paso con ellos, donde están".
Las familias de los 43 estudiantes han vivido un calvario de casi seis años, marcado por la incertidumbre, el dolor y la desconfianza. La decisión de romper el diálogo con el Gobierno es un reflejo de la frustración y el agotamiento que han acumulado.
El futuro de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanece incierto. La falta de cooperación por parte del Gobierno ha dejado a las familias sin esperanza de encontrar respuestas.