Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebra esta victoria como un paso crucial hacia una justicia más justa e independiente, la oposición, en particular el PAN y Movimiento Ciudadano, ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias que este cambio podría acarrear.
La reforma, que contempla la elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por parte de la ciudadanía, ha sido interpretada por algunos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial, al otorgar al Ejecutivo un mayor control sobre el sistema judicial. La oposición ha acusado a Morena de buscar la impunidad para legisladores y funcionarios del partido, mientras que el propio AMLO ha desmentido categóricamente estas acusaciones, asegurando que la reforma busca "purificar la vida pública" y combatir la corrupción.
La polémica no se limita al ámbito político. Organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch han manifestado su inquietud por la posibilidad de que el nuevo sistema judicial sea susceptible a la influencia de grupos delictivos y del propio gobierno. La reforma también ha sido criticada por jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, quienes han salido a las calles para expresar su descontento.
En el centro del debate se encuentra la independencia del Poder Judicial. Mientras el gobierno asegura que la reforma busca fortalecer esta independencia, la oposición, junto con diversas organizaciones internacionales, temen que el cambio pueda poner en riesgo este principio fundamental del sistema democrático. La decisión de AMLO de impulsar esta reforma, sin duda, marcará un hito en la historia del Poder Judicial mexicano y tendrá consecuencias a largo plazo para la vida política y social del país.