Mientras Andrés Manuel López Obrador se apresta a entregar el poder a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, su partido Morena ha impulsado una polémica reforma al Poder Judicial que ha desatado una ola de controversia.
La reforma, que ha sido aprobada por las mayorías oficialistas en el Congreso, busca reducir el mandato de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y someter su elección al voto popular. Para Morena, esto es una medida necesaria para democratizar un poder judicial que consideran corrupto y alejado de la realidad del pueblo.
Sin embargo, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien se ha convertido en la principal antagonista de AMLO, considera que la reforma es un ataque a la separación de poderes y a los principios democráticos.
Piña, una férrea defensora de los derechos civiles y sociales, reconoce la necesidad de una reforma al sistema judicial, pero asegura que esta debe ser "con diálogo y desde las bases del sistema, que es donde están los problemas". La oposición, organizaciones de abogados y el gobierno de Estados Unidos también han expresado su rechazo a la reforma.
Las críticas a la reforma van más allá de la reducción del mandato de los magistrados y la elección popular. Algunos analistas aseguran que la reforma busca debilitar a la SCJN y someterla al control del poder ejecutivo. Se recuerda que durante el sexenio de AMLO, la SCJN ha frenado diversas iniciativas presidenciales a través de amparos ciudadanos, como la incorporación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas o la construcción del Tren Maya.