México: Reforma Judicial entra en vigor el 15 de septiembre
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que promulgará la reforma judicial el 15 de septiembre, después de su aprobación en la mayoría de los Congresos estatales
Esta reforma, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, marcará su entrada en vigor.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha destacado que la reforma es una reafirmación de la democracia en México, permitiendo una mayor participación ciudadana en la selección de los jueces y en la supervisión del Poder Judicial. La reforma ha recibido la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales, cifra mínima requerida para su conversión en reforma constitucional. Hasta el 12 de septiembre, 19 estados habían aprobado la iniciativa, lo que asegura su implementación.
"Este proceso es una manifestación de la democracia, en la que todos los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser votados", enfatizó López Obrador.
El presidente ha rechazado las críticas de intelectuales como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, quienes han calificado la reforma de potencialmente dictatorial. López Obrador calificó sus afirmaciones como infundadas y superficiales, argumentando que las críticas no tienen base teórica ni conceptual y que estos críticos están alineados con el antiguo régimen de corrupción.
"Las críticas no tienen base teórica ni conceptual", aseguró López Obrador. "Son simplemente ataques del antiguo régimen".
Además, López Obrador ha desestimado las preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la inversión extranjera. Aseguró que las advertencias de una posible disminución en las inversiones no son ciertas, citando un récord histórico de inversión extranjera el año pasado y mencionando que el primer semestre de 2024 también ha visto altos niveles de inversión.
A partir de junio de 2025, la reforma permitirá a los ciudadanos elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establecerá un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar y sancionar irregularidades en las sentencias judiciales. Estas medidas buscan fortalecer la rendición de cuentas en el sistema judicial mexicano.
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