Sandra Domínguez Martínez, una figura clave en la lucha por los derechos humanos en la Sierra Norte de Oaxaca, fue vista por última vez el 4 de octubre, junto a su esposo, Alexander Hernández, quien también se encuentra desaparecido.
Su activismo la había convertido en una voz poderosa contra la violencia de género en la región, especialmente contra las mujeres indígenas. Sandra se había atrevido a denunciar públicamente la existencia de un chat misógino entre políticos de Oaxaca, llamado "Sierra XXX", donde se compartían imágenes de mujeres en situaciones íntimas. Este chat, con al menos 100 miembros, incluía a un funcionario del gobierno estatal.
A pesar de las denuncias de Sandra y la renuncia de algunos funcionarios tras la polémica, el funcionario mantuvo su puesto. En marzo de 2023, Sandra confrontó al funcionario y al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en un vídeo, denunciando la falta de acción ante la violencia contra las mujeres indígenas.
Su trabajo no solo se centraba en visibilizar el problema, sino que también brindaba apoyo a las víctimas de violencia. La expareja del funcionario también se sumó a las denuncias, exponiendo su propia experiencia de violencia.
Estas acciones contribuyeron a un clima de miedo en el que Sandra operaba, recibiendo amenazas por su trabajo y defensa de los derechos de las mujeres. Ante su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha de búsqueda.
Sin embargo, organizaciones feministas y de derechos humanos exigen que la investigación se realice con la máxima prioridad y transparencia, dadas las circunstancias de su desaparición. El caso de Sandra ha resonado en las redes sociales, donde activistas como Joaquín Galván han hecho un llamado a la sociedad para exigir su presentación con vida.
La comunidad ha mostrado su apoyo, reconociendo el impacto que Sandra tuvo en la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en comunidades vulnerables. La desaparición de Sandra resalta la lucha constante de las activistas en México, quienes enfrentan no solo el desafío de defender los derechos de los demás, sino también los riesgos asociados con su labor.