En el centro de esta discusión se encuentra la carretera Pachuca-Huejutla, un proyecto insignia con una inversión superior a los cinco mil millones de pesos. Se espera que impulse el turismo y la economía de la región, particularmente en zonas como Mineral del Monte, Huasca de Ocampo y Omitlán, en Hidalgo. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal a las preocupaciones ambientales ha generado un intenso debate público.
Durante una conferencia de prensa el 16 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondiendo a las inquietudes del hidalguense Óscar Zamudio de Sagasin, aseguró que la obra cuenta con la pertinente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aprobada por la SEMARNAT, incluyendo consultas públicas y, en el caso de comunidades indígenas, consultas obligatorias según lo estipula la Constitución. Señaló que las MIA incorporan mecanismos para compensar los daños ambientales.
Pero la realidad en el terreno parece ser otra. Se alzan voces que denuncian un posible ecocidio en la región. La pérdida de flora y fauna, la tala indiscriminada de árboles, especialmente en un área tan valiosa como Huasca de Ocampo (el primer Pueblo Mágico de México), son acusaciones que no pueden ser minimizadas con simples referencias a documentos legales. La aprobación de una MIA no garantiza la ausencia de daños irreversibles, ni la efectividad de las medidas compensatorias propuestas.
La falta de transparencia en la información sobre las medidas de mitigación y compensación genera desconfianza. Eventos internacionales como el Golden Train World Series, celebrados recientemente en Huasca con amplia cobertura mediática, destacan la fragilidad del ecosistema ante la construcción de la carretera. El impacto no solo amenaza la biodiversidad y la belleza escénica, sino que también pone en riesgo la economía local, sustentada en gran medida por el turismo.
La afirmación gubernamental de que los impactos ambientales ya fueron considerados en el tramo Mineral del Monte-Huasca, cercano a su finalización, requiere una verificación independiente y rigurosa. La evidencia de daños ambientales es palpable, y la preocupación social crece. La necesidad de un análisis exhaustivo, público e independiente de los daños, así como de un plan de acción concreto para mitigar las consecuencias, es cada vez más apremiante.
La promesa de compensación ambiental debe ir acompañada de mecanismos de monitoreo y supervisión transparentes y eficaces. De lo contrario, la carretera Pachuca-Huejutla podría convertirse en un ejemplo de desarrollo que antepone ganancias económicas a corto plazo al bienestar a largo plazo de las comunidades y al medio ambiente.