Inicialmente, se plantearon cuatro ejes centrales de la reunión: el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS), enfocado en comunidades indígenas; un plan conjunto para mejorar la recaudación de fondos destinados al agua potable y saneamiento; la implementación de los programas "Cial Desarme" y "Cial La Paz", ambos con el objetivo de combatir la violencia; y por último, la presentación de los "Senderos de Paz", una iniciativa a nivel nacional.
Aunque presentados como logros significativos, estos puntos generan cierta inquietud. "La opacidad y la ineficacia del FAIS en llegar a las comunidades más necesitadas son ampliamente conocidas", comenta un analista político. La propuesta de recaudación conjunta, por su parte, ha sido interpretada por algunos como una estrategia para ejercer presión sobre los municipios, amenazando la asignación de recursos en caso de no colaborar plenamente con los proyectos federales.
Los "Senderos de Paz", a pesar de su nombre evocador, carecen de detalles específicos sobre su implementación. Su efectividad en la reducción de la violencia, un problema complejo y sistémico, se encuentra aún por verse. La falta de un plan concreto suscita dudas sobre su verdadero impacto.
Más allá de la colaboración intergubernamental, algunos observadores interpretan este encuentro como una estrategia para centralizar el poder. "La reunión parece más una maniobra política para fortalecer el control del gobierno federal sobre los municipios, relegando a los alcaldes a una posición de subordinación", señala un experto en relaciones federales. La ausencia de un espacio para la crítica y el diálogo abierto sobre las deficiencias en la gestión municipal refuerza esta perspectiva.
La falta de transparencia en la ejecución de algunos programas y el tono paternalista en la presentación de los proyectos, dejan más preguntas que respuestas sobre el verdadero alcance y la efectividad a largo plazo de este encuentro entre la Jefa de Gobierno y los presidentes municipales.