La mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el 16 de enero un plan carretero de 35 mil millones de pesos. Señaló a Guerrero como una de las zonas prioritarias, prometiendo mejoras en la conectividad para las regiones más vulnerables. Sin embargo, las declaraciones oficiales no brindan datos concretos que respalden la magnitud de estos beneficios.
El gobierno menciona nueve ejes carreteros estratégicos, pero la metodología de selección permanece opaca. "La falta de transparencia en los criterios genera dudas sobre la verdadera eficacia de las obras", señala un analista político. ¿Cómo se garantiza que estas inversiones atiendan realmente las necesidades prioritarias de la población? El número de beneficiarios directos e indirectos sigue siendo una incógnita.
La respuesta oficial a las críticas de la oposición se centra en descalificar los argumentos. Sheinbaum los describe como "quejas y misoginia", sin abordar el fondo del asunto. Aunque la oposición no presente alternativas concretas, la falta de propuestas no justifica la ausencia de rendición de cuentas y transparencia por parte del gobierno. Esto genera un vacío de información que dificulta la evaluación objetiva de los proyectos.
La promesa de mejor conectividad plantea interrogantes. Si bien una red vial mejorada facilita el acceso a mercados y servicios, esto no implica automáticamente desarrollo económico.
- ¿Se han considerado estrategias para evitar la especulación inmobiliaria?
- ¿Se ha consultado a las comunidades locales en la planificación?
- ¿Existe un plan integral que incluya inversión en educación, salud y capacitación laboral?
El anuncio del gobierno, a pesar de la cuantiosa inversión, necesita un análisis más profundo y riguroso. La ausencia de estudios independientes y datos concretos impide una evaluación objetiva de su impacto real en las zonas vulnerables. La pregunta central permanece: ¿se trata de un impulso al desarrollo genuino o de una estrategia política?