El foco de la situación se centra en el edificio Comodoro, una casona de dos niveles en la esquina de Medellín y Álvaro Obregón, construida en 1928. Alrededor de las 5:30 AM, un grupo de al menos 100 personas irrumpieron en el inmueble, desalojando a ocho familias que lo habitaban desde hace décadas.
Gabriela, una residente de 47 años que vivió toda su vida en el edificio, describe la escena conmocionada: "Es muy triste, nos dejaron sin nada. Rompieron todo, gritaban que teníamos que salirnos... fue un caos." Además de la violencia del desalojo, al menos 15 personas fueron víctimas de robo, perdiendo pertenencias personales, desde dinero en efectivo hasta electrodomésticos y ropa.
El modus operandi fue brutal: los agresores rompieron puertas, ventanas y cámaras de seguridad. Los negocios en la planta baja – una tienda de abarrotes con 45 años de historia, una reparadora de computadoras, un restaurante con 13 años de funcionamiento y un local de podología – sufrieron saqueos y vandalismo. "Llamamos al 911, al chat vecinal... nadie llegó a ayudarnos," lamenta Gabriela.
La situación se agrava con la falta de notificaciones previas. Las familias afectadas aseguran no haber recibido aviso alguno del desalojo, y desconocer la identidad del hombre que se presentó como el nuevo propietario. Incluso, afirman haber realizado pagos de renta por décadas a un individuo identificado como Víctor Peñaloza, quien resultó inubicable tras el incidente.
Doce horas después del violento desalojo, la escena era desoladora: la puerta principal sellada con láminas de metal, y la banqueta y calle repletas de los enseres domésticos de las familias desalojadas: refrigeradores, muebles, ropa, herramientas… un panorama que refleja la crudeza de la situación. Se registraron, además, dos intentos previos de desalojo, uno en octubre del año pasado y otro hace cinco años.
Gabriela, tras el desalojo, se vio obligada a buscar refugio temporal y trasladar algunas de sus pertenencias a casa de familiares. El caso deja al descubierto la vulnerabilidad de las familias ante procedimientos irregulares y la falta de respuesta de las autoridades.