Sin embargo, un obstáculo significativo para la integración de migrantes deportados se presenta en la obtención de la documentación necesaria. Diana Marisela Reyes Herrera, titular de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (ARHITAC), ha destacado este punto clave. Para trabajar formalmente en México, se requiere una identificación oficial, como el INE o CURP, un número de Seguro Social y registro ante el SAT. Estos requisitos, relativamente sencillos para un ciudadano mexicano, presentan un reto mayor para la población migrante.
Reyes Herrera explica la situación: “Para la población en contexto de movilidad no mexicana, la obtención de dicha documentación es más complicada, lo que reduce el margen de contratación de personas extranjeras.” Esta dificultad limita el acceso al mercado laboral formal para quienes buscan una nueva oportunidad en Tijuana, tras su deportación de Estados Unidos.
La solución, según ARHITAC, pasa por la implementación de un programa de expedición de cédulas laborales provisionales por parte del Instituto Nacional de Migración (INM). Este programa, similar a otros implementados en el pasado, permitiría a los migrantes obtener la documentación necesaria de forma rápida y eficiente, facilitando su integración al sector productivo.
Reyes Herrera añadió: “Esperamos que el INM vuelva a lanzar esta iniciativa, porque siempre hemos abierto las puertas a cualquier persona que quiera trabajar, no solamente de otros estados, sino también de otros países.” La ARHITAC se muestra receptiva a la incorporación de migrantes calificados, destacando que las vacantes disponibles abarcan un amplio rango de especialidades técnicas, no solo puestos de operación.
La falta de una solución rápida a este problema burocrático podría afectar la capacidad de la industria maquiladora tijuanense para cubrir sus necesidades de personal, un sector fundamental para la economía de la región.