Más allá de los comunicados oficiales, el cambio profundo radica en la sustitución del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la secretaria Raquel Buenrostro, presentaron una reforma que, según sus palabras, moderniza y eficienta el sistema. Sin embargo, las sombras de la polémica ya se extienden sobre este proyecto.
La secretaria Buenrostro argumentó que el INAI era ineficiente y costoso. Su propuesta: reducir de siete a un solo comisionado, redistribuyendo las funciones entre diversas dependencias. “Se creará Transparencia para el pueblo, para el acceso a la información, y la protección de datos personales se delegará a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno,” explicó la funcionaria. Además, se implementará un Sistema Nacional de Transparencia y se regulará la Plataforma Nacional de Transparencia con un validador criptográfico para asegurar la integridad de los datos.
Pero la narrativa oficial choca con una fuerte ola de críticas. Para la oposición, la reforma representa una concentración peligrosa del poder en el Ejecutivo. La eliminación de un organismo autónomo genera temores fundados sobre la posibilidad de manipulación política y una disminución del acceso a la información pública. La centralización, alejada del modelo del INAI, introduce riesgos significativos en materia de control y opacidad.
La preocupación de especialistas reside en varios puntos:
- Obstaculización de investigaciones y rendición de cuentas: Afecta la lucha contra la corrupción.
- Incertidumbre sobre la eficiencia y coordinación: La creación de múltiples autoridades en diferentes niveles de gobierno genera dudas sobre su efectividad.
- Preocupaciones sobre la imparcialidad: Centralizar las funciones en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno genera cuestionamientos sobre la resolución objetiva de conflictos.