Aumenta llegada de migrantes a México: Desafíos económicos y sociales
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Datos oficiales revelan que desde la asunción del presidente Donald Trump el 20 de enero, México ha recibido a 13,455 deportados. Esta cifra, proporcionada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, desglosa 10,485 mexicanos y 2,970 extranjeros. Este número representa un aumento considerable respecto a las cifras reportadas apenas días antes, lo cual indica una aceleración en el flujo de deportaciones.
La presidenta Sheinbaum ha destacado los esfuerzos del gobierno para atender a los deportados. Se menciona la creación de 391 números de seguridad social del IMSS para connacionales y la facilitación de cerca de 500 contrataciones a través de un programa conjunto con la iniciativa privada. Sin embargo, la mandataria también ha reconocido la complejidad del asunto al señalar los acuerdos alcanzados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con países centroamericanos para la “repatriación” directa de personas desde Estados Unidos. “Ellos están haciendo vuelos directos a muchos países, a Guatemala, a El Salvador, eso es parte de los acuerdos que ellos tomaron,” explicó.
La situación plantea retos importantes. El gobierno mexicano ha enfatizado que los deportados no mexicanos tienen la opción de quedarse en México o ser repatriados a sus países de origen. “Ellos de forma voluntaria tienen que decidir si se quedan en México y bajo qué condiciones o son repatriados a sus países,” recalcó la mandataria. El impacto económico de las deportaciones masivas es un factor crucial, considerando que los mexicanos representan una parte importante de los indocumentados en Estados Unidos, y que las remesas son una fuente significativa de ingresos para la economía mexicana. En 2024, México recibió un récord de casi 65,000 millones de dólares en remesas. La incertidumbre sobre el futuro flujo de remesas y la integración de los deportados en el mercado laboral mexicano se presentan como desafíos de gran envergadura.
El panorama requiere un análisis profundo de las políticas migratorias y su impacto en la sociedad mexicana, así como una evaluación continua de los programas de apoyo para los deportados. La magnitud del desafío exige una respuesta coordinada y efectiva por parte del gobierno y la sociedad civil.