Impuesto a remesas desata rechazo de Sheinbaum: propone movilización ciudadana
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Nicol Matuz ScottEn el centro del debate se encuentra una propuesta estadounidense, inicialmente del 5%, reducida a un 3.5% en la Cámara de Representantes, para gravar las remesas enviadas a México. Esta iniciativa, parte del proyecto “The One Big Beautiful Bill” impulsado por el congresista Jason Smith, ha generado una fuerte respuesta del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria ha expresado públicamente su firme rechazo a esta medida, calificándola de “injusticia discriminadora”. Sheinbaum ha declarado que el impacto de este impuesto del 3.5% sería devastador para la economía de numerosas familias mexicanas, pues las remesas representan un 3% del PIB nacional y son vitales para el consumo en diversas regiones del país.
Ante la posibilidad de que este gravamen se concrete, la presidenta Sheinbaum ha anunciado que el gobierno explorará diferentes vías de acción. Entre ellas, la posibilidad de convocar a movilizaciones ciudadanas pacíficas para manifestar la inconformidad del pueblo mexicano. "Si es necesario haremos movilizaciones pacíficas para mostrar que no estamos de acuerdo, así como exponer nuestros argumentos (...) No acordamos con que se pongan impuestos a los que menos tienen”, afirmó Sheinbaum en conferencia.
El gobierno mexicano basa su argumentación en dos pilares fundamentales: un convenio firmado en 1992 entre ambos países que busca evitar la imposición de gravámenes reiterados a las remesas, y la propia Constitución Mexicana, que establece un sistema tributario progresivo. “Que pague más el que más tiene, esa es nuestra visión. En el caso de los paisanos, ellos ya contribuyen con impuestos independientemente de su situación migratoria,” puntualizó la presidenta.
Además de la amenaza de las movilizaciones, el gobierno mexicano está realizando intensas gestiones diplomáticas con Estados Unidos. Se ha destacado la reciente visita de un grupo de legisladores mexicanos con la finalidad de negociar una solución que beneficie a ambos países y proteja los intereses de los millones de mexicanos que dependen de las remesas.
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