Política migratoria de Trump incrementa el tráfico de personas en el sur de México

Las recientes políticas migratorias del presidente Donald Trump, incluyendo la cancelación del programa CBP One y del parole humanitario, han provocado un aumento significativo del tráfico de personas en la frontera sur de México, particularmente en Tapachula, Chiapas. Activistas como Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, han denunciado que los cárteles se disputan violentamente el control de las rutas migratorias, donde los traficantes llegan a cobrar entre 10 mil y 15 mil dólares por persona para cruzar hacia Estados Unidos.
Migrantes como la cubana Ghislayne Jiménez Moret relatan que, debido a la falta de vías legales para migrar, se ven obligados a pagar grandes sumas a redes de coyotes desde sus países de origen hasta el sur de México. A pesar del alto costo, las condiciones laborales que enfrentan en México son precarias: Ghislayne trabaja hasta 17 horas diarias en una empacadora para solventar sus gastos básicos mientras espera avanzar hacia el norte.
Otros migrantes, como el ecuatoriano Fredy Lozano, reportan abusos y extorsiones por parte de autoridades durante su tránsito por territorio mexicano. Según su testimonio, los migrantes sin documentos válidos son obligados a pagar sobornos para continuar su camino. Mientras tanto, Fredy permanece atrapado en Tapachula sin posibilidad de regularizar su situación, realizando trabajos informales mientras espera una resolución migratoria.
Las medidas restrictivas impuestas por la administración Trump han dejado a más de medio millón de personas en un limbo legal o en situación irregular, aumentando la presión sobre las fronteras mexicanas. La eliminación de mecanismos legales de entrada ha fortalecido el negocio del tráfico de personas, generando nuevas crisis humanitarias en territorio mexicano y tensiones sociales que afectan tanto a migrantes como a comunidades locales.