Phoenix, Az
El estado planea presentar un recurso ante el Noveno Tribunal de Apelaciones de San Francisco
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, planea apelar el fallo de un juez estadounidense en contra de una parte de la dura ley de inmigración del estado, que habría convertido en un delito albergar a inmigrantes ilegales, según documentos judiciales difundidos el jueves.
Los abogados de la gobernadora republicana dijeron que el estado planea presentar un recurso ante el Noveno Tribunal de Apelaciones de San Francisco para eliminar un freno colocado a la medida por una jueza de primera instancia el 5 de septiembre. La apelación formal aún no ha sido presentada.
La medida, que haría ilegal transportar, esconder o albergar inmigrantes ilegales en las fronteras de Arizona, fue prohibida por la jueza Susan Bolton como parte de una sentencia que permitió que otra parte clave de la ley entre en vigor.
Bajo la controvertida disposición “muestra tus papeles”, que ha sido confirmada por la Corte Suprema, la policía estatal están ahora obligada a comprobar el estado de las personas que detenga y sospeche que están en el país ilegalmente.
La ley de inmigración de Arizona forma parte de un intento de acabar con el flujo de inmigrantes ilegales en el estado fronterizo, donde se estima que 360 mil personas viven indocumentadas.
Brewer firmó el proyecto de ley en abril del 2010, al decir que el Gobierno federal no había logrado asegurar la frontera del estado con México.
Los críticos de la ley dicen que podría llevar a la discriminación racial.
El portavoz de Brewer, Mateo Benson, dijo que la gobernadora, que ha chocado repetidamente con la Casa Blanca sobre la inmigración ilegal, sostuvo que el estado debe ser capaz de detener a quienes violen la ley.
“El transporte y albergue de indocumentados lleva a la delincuencia y la violencia en todo el estado, desde las operaciones de contrabando de personas a las casas de seguridad, donde la tortura y el chantaje son comunes”, dijo Benson en un comunicado.
“La lucha contra estos problemas, en cooperación con la legislación federal, está dentro de las facultades de la policía de un estado que toma medidas para preservar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”, agregó.
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), uno de los grupos que disputan la ley, cree que el tribunal de apelaciones rechazará la apelación.
“Simplemente no es asunto del estado criminalizar las interacciones cotidianas con los residentes de Arizona en base a su estatus migratorio”, dijo Omar Jadwat, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.
La ley de Arizona fue impugnada por el Gobierno del presidente Barack Obama hace dos años, al decir que la Constitución le otorga al Gobierno federal la autoridad exclusiva sobre la política de inmigración.