Denuncian a ex funcionarios ante Fiscalía anticorrupción
Una denuncia penal en contra de los ex funcionarios que resulten responsables fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, por el cobro de alrededor de 50 millones de pesos con facturas apócrifas, con sellos fiscales violados e incluso con direcciones fiscales inexistentes
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El diario de Sonora
el 14/01/2016 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 26/04/2024 02:36 PM.
El diario de Sonora
el 14/01/2016 12:00 AM, Sección Nogales
Última edición 26/04/2024 02:36 PM.
Hermosillo.
Una denuncia penal en contra de los ex funcionarios que resulten responsables fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, por el cobro de alrededor de 50 millones de pesos con facturas apócrifas, con sellos fiscales violados e incluso con direcciones fiscales inexistentes.
La denuncia fue interpuesta en la capital del estado por el alcalde Cuauhtémoc Galindo Delgado, quien acudió acompañado del jefe del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Sergio Ulloa Carpena, para presentar la demanda formal y las pruebas que sustentan la comisión del delito de fraude en contra de la comuna.
Temo Galindo afirmó que esta es una nueva demanda de otras más que serán interpuestas ante las diferentes instancias judiciales y administrativas, tanto estatal como federal, en virtud del desastre financiero que dejaron los anteriores servidores públicos encabezados por Ramón Guzmán Muñoz.
Explicó además que el paquete de demandas será entregado también al Congreso del Estado para que revise y haga lo conducente en contra de quienes desaparecieron hasta 360 millones de pesos y causaron un daño patrimonial al pueblo de Nogales por más de mil 300 millones de pesos.
El desvió de estos 360 millones de pesos es parte de los pagos que se hicieron a empresas y proveedores y que nunca recibieron el dinero, además de otros recursos canalizados por los gobiernos estatal y federal y que no aparecen por ningún lado, incluyendo las aportaciones de los fideicomisos que tampoco están en las cuentas bancarias.
En tanto el daño patrimonial por más de mil 300 millones de pesos que se detectó durante el proceso de entrega-recepción es resultado de las reestructuras de la deuda y de algunos créditos bancarios, así como de aportaciones de las dependencias estatales y federales que eran para un objetivo y que se desviaron hacia otros gastos que tampoco se justifican.
Además se sustrajeron recursos en efectivo de las cajas de Tesorería sin ninguna justificación y que nunca fueron regresados, siendo el ex alcalde Ramón Guzmán el responsable directo de estas anomalías, porque firmó todos esos cheques que estaban mancomunados con los titulares de la Tesorería.
Explicó que previo a esto, ya se entregó una demanda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nogales y otra más se presentó en esa misma instancia en Hermosillo y además se hará lo mismo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la Federación.
El documento entregado ayer en la Fiscalía Estatal Anticorrupción forma parte de las muchas anomalías encontradas en el proceso de entrega-recepción del Gobierno Municipal, que en este caso específico se trata de unas 400 facturas que fueron ilegalmente pagadas, cobradas, falsificadas y con alteraciones en los sellos digitales de las mismas, que a todas luces representa un grave delito, mencionó.
Una denuncia penal en contra de los ex funcionarios que resulten responsables fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, por el cobro de alrededor de 50 millones de pesos con facturas apócrifas, con sellos fiscales violados e incluso con direcciones fiscales inexistentes.
La denuncia fue interpuesta en la capital del estado por el alcalde Cuauhtémoc Galindo Delgado, quien acudió acompañado del jefe del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Sergio Ulloa Carpena, para presentar la demanda formal y las pruebas que sustentan la comisión del delito de fraude en contra de la comuna.
Temo Galindo afirmó que esta es una nueva demanda de otras más que serán interpuestas ante las diferentes instancias judiciales y administrativas, tanto estatal como federal, en virtud del desastre financiero que dejaron los anteriores servidores públicos encabezados por Ramón Guzmán Muñoz.
Explicó además que el paquete de demandas será entregado también al Congreso del Estado para que revise y haga lo conducente en contra de quienes desaparecieron hasta 360 millones de pesos y causaron un daño patrimonial al pueblo de Nogales por más de mil 300 millones de pesos.
El desvió de estos 360 millones de pesos es parte de los pagos que se hicieron a empresas y proveedores y que nunca recibieron el dinero, además de otros recursos canalizados por los gobiernos estatal y federal y que no aparecen por ningún lado, incluyendo las aportaciones de los fideicomisos que tampoco están en las cuentas bancarias.
En tanto el daño patrimonial por más de mil 300 millones de pesos que se detectó durante el proceso de entrega-recepción es resultado de las reestructuras de la deuda y de algunos créditos bancarios, así como de aportaciones de las dependencias estatales y federales que eran para un objetivo y que se desviaron hacia otros gastos que tampoco se justifican.
Además se sustrajeron recursos en efectivo de las cajas de Tesorería sin ninguna justificación y que nunca fueron regresados, siendo el ex alcalde Ramón Guzmán el responsable directo de estas anomalías, porque firmó todos esos cheques que estaban mancomunados con los titulares de la Tesorería.
Explicó que previo a esto, ya se entregó una demanda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Nogales y otra más se presentó en esa misma instancia en Hermosillo y además se hará lo mismo ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la Federación.
El documento entregado ayer en la Fiscalía Estatal Anticorrupción forma parte de las muchas anomalías encontradas en el proceso de entrega-recepción del Gobierno Municipal, que en este caso específico se trata de unas 400 facturas que fueron ilegalmente pagadas, cobradas, falsificadas y con alteraciones en los sellos digitales de las mismas, que a todas luces representa un grave delito, mencionó.
