Hermosillo
La PGJE investiga la alteración de documentos y uso de firmas falsas, involucra a jurídicos del mismo Cereso.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado informaron que son 30 los casos que se investigan relacionados con una supuesta liberación indebida internos en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, número 1. De acuerdo a las primeras indagatorias que incluso ya fueron comentadas por el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, utilizando la alteración de documentos y firmas apócrifas, varios reos alcanzaron su libertad de forma anticipada. Es por ello que se está realizando la revisión de cada expediente de los internos que fueron dejados en libertad y representados por abogados de quienes se sospecha cayeron en dichas prácticas en los últimos 10 años y que hasta el momento, según trascendió, son 30 casos en donde se involucran a empleados del área jurídica del Centro Penitenciario de Hermosillo. Los casos se conocieron, señalan las autoridades, gracias a que Iván Rafael López Tarazón, coordinador jurídico del Centro Penitenciario envió un escrito al director jurídico del sistema estatal penitenciario Gastón Walterio Walter, informando que había encontrado ciertas irregularidades en al menos dos libertades autorizadas, una de ellas de un ciudadano peruano. Esperan conclusión de indagatorias Por su parte el secretario general de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, dijo en entrevista que la dependencia a su cargo está a la espera de que avance la indagatoria de la Procuraduría, para después determinar si habrá sanciones de tipo administrativo contra los funcionarios públicos que pudieran haber tenido parte en los hechos. “Ahí la propia Secretaría de Seguridad tiene sus procedimientos y ellos son los que están haciendo la investigación, ya si ellos determinan que hubo alguna responsabilidad de funcionarios, ya no lo mandaran a nosotros, pero ahorita la Secretaría de Seguridad la que está haciendo esa investigación”, indicó. Destacó el hecho de que tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, son las que hasta el momento realizan las indagatorias.